La firma avícola Granja Tres Arroyos oficializó el despido de 250 empleados en su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un total de 900 trabajadores. La empresa notificó las desvinculaciones mediante telegramas donde argumenta una «grave disminución de trabajo no imputable al empleador», motivada por las restricciones a las exportaciones derivadas de la influenza aviar, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos operativos.
Según expresaron los directivos en los textos enviados a los cesanteados, la pérdida de mercados clave como China y la Unión Europea deterioró de forma drástica sus indicadores económicos. Pese a la reciente confirmación de la Comisión Europea sobre la reapertura de su mercado para la carne aviar argentina —prevista para mediados de agosto—, la medida de reestructuración se implementó de forma inmediata para intentar garantizar la continuidad del establecimiento.
Rechazo sindical y reclamos por salarios adeudados.
La reacción de los trabajadores y sus representantes no se hizo esperar. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) rechazaron enérgicamente los despidos y advirtieron que la empresa busca trasladar el riesgo empresarial a la plantilla.
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Falta de pago: Los gremios denunciaron que el personal adeudaba más de cinco quincenas de salario antes de la llegada de los telegramas.
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Cuestionamiento legal: Julio Chamorro, secretario general del STIA en Concepción del Uruguay, sostuvo que no existe jurisprudencia que avale la «fuerza mayor» alegada por la firma y advirtió que podrían registrarse más cesantías en los próximos días.
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Afectación a la representación: Entre los despedidos se encuentran delegados de personal, lo que incrementó la tensión sindical.
Un contexto financiero complejo.
El recorte de personal se enmarca en un proceso prolongado de deterioro económico para la compañía. Tras solicitar la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis a fines de 2024, la empresa encara actualmente la reestructuración de un pasivo que asciende a USD 350,9 millones. La propuesta presentada a los acreedores contempla quitas de capital de hasta el 75%, plazos de pago a siete años y la venta de activos no estratégicos.
Con información de Infobae.
