El abogado asume la titularidad de un área clave en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, con la misión estratégica de implementar el nuevo Consejo Federal de Delitos Económicos.
A través del Decreto 1044/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la incorporación del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, un área estratégica bajo la órbita de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional. La medida rige con efecto retroactivo desde el 3 de agosto de 2026.
Argibay Molina reemplaza en la función a Marcelo Carlos Romero, quien ejercía el cargo desde 2025. El nuevo subsecretario cuenta con trayectoria reciente en la cartera nacional, donde se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ejerció la conducción transitoria de la Dirección de Investigación Criminal.
Desafíos centrales y articulación federal.
Dentro de las responsabilidades asignadas al nuevo funcionario se destaca la puesta en marcha del Consejo Federal de Delitos Económicos, creado formalmente tras la publicación de la Resolución 230/2026 del Boletín Oficial. Este ámbito interdisciplinario funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal con el propósito de abordar de forma integral la criminalidad económica en todo el país.
El organismo estará integrado por representantes de las áreas de delitos económicos de las provincias que adhieran, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad federales. La coordinación funcional y el soporte técnico-administrativo quedarán bajo el mando de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos.
Entre sus principales funciones se destacan:
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Confección de un mapa situacional a escala nacional, regional y provincial para delinear políticas preventivas.
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Sistematización e intercambio de información que permita emitir alertas tempranas entre las jurisdicciones.
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Creación de grupos de trabajo técnico y convocatoria a especialistas, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil para analizar coyunturas específicas.
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Optimización de procedimientos policiales e identificación de áreas de mejora en la investigación de delitos complejos.
Recuperación de activos e impacto internacional.
El fortalecimiento de esta área responde a compromisos asumidos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el rastreo financiero y la recuperación de bienes de origen ilícito representan pilares indispensables para combatir estructuras de criminalidad compleja dedicadas al lavado de activos, el soborno transnacional, la evasión fiscal y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Redacción: Nova Comunicaciones.


