El jurista brasileño Rafael Valim se suma al equipo de la expresidenta junto al español Javier Borrego para objetar la sentencia por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En un nuevo paso dentro de su estrategia legal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner resolvió incorporar a su equipo de defensa al abogado brasileño Rafael Valim, conocido por su trabajo en el entorno legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida busca internacionalizar el reclamo contra la condena firme que pesa en su contra por la causa Vialidad.
Valim trabajará en conjunto con el letrado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambos estarán a cargo de diseñar y presentar las peticiones ante organismos y tribunales internacionales fuera del fuero penal argentino.
Un especialista en el concepto de Lawfare.
Rafael Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), además de docente y autor de publicaciones especializadas sobre constitucionalismo y derechos humanos. Entre sus obras se destaca el libro Lawfare: una introducción, coescrito con el actual ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, Cristiano Zanin, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
“En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta. Estoy firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y un castigo injusto que intentaremos revertir en los tribunales”, señaló Valim en declaraciones al portal brasileño Metrópoles.
La situación judicial en el país.
La resolución dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) e hito procesal ratificado por la Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria.
A la par de las restricciones de movilidad habituales del proceso (entre ellas el monitoreo con tobillera electrónica y el régimen de visitas acordado), la justicia rechazó recientemente los planteos para frenar la actualización de los decomisos. Con esta decisión, quedó firme la restitución solicitada por el Estado por un monto de $685.000 millones en concepto de reparación por el perjuicio económico determinado.
Redacción: Nova Comunicaciones.
