La Cámara de Casación Penal ratificó la medida tras desestimar los recursos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. Con este fallo, la Justicia queda habilitada para avanzar sobre 111 bienes, incluidos los de Lázaro Báez. A la familia Kirchner solo le resta la queja directa ante la Corte Suprema.
BUENOS AIRES.— En un fallo de fuerte impacto político y patrimonial, la Cámara Federal de Casación Penal asestó un duro golpe a la estrategia legal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal de alzada rechazó los últimos recursos interpuestos por la defensa, ratificando de manera firme los motivos del decomiso de bienes dictado en el marco de la causa “Vialidad”, el expediente que investigó la redirección de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
Con esta resolución, el Poder Judicial desbarató el intento de la familia Kirchner por congelar la ejecución de la medida accesoria a la condena principal. De este modo, la Justicia se encuentra en condiciones operativas de avanzar firmemente sobre un universo de 111 bienes, un listado que no solo compromete el patrimonio directo de los ex mandatarios y sus herederos, sino que incluye los activos del empresario de la construcción Lázaro Báez, señalado como el principal beneficiario de las maniobras defraudatorias.
El dato clave: El decomiso abarca desde extensiones de tierras en la Patagonia y complejos hoteleros hasta residencias particulares y cuentas bancarias que la fiscalía y el tribunal consideraron provenientes del delito o utilizadas para el lavado de activos.
Los argumentos del tribunal.
La máxima instancia penal del país consideró que los planteos de los abogados defensores no lograban demostrar una “cuestión federal” ni arbitrariedad en las resoluciones previas que justificara la apertura de una nueva vía de revisión ordinaria. Los camaristas ratificaron que el decomiso es una consecuencia legal directa de la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, orientada a recuperar los fondos sustraídos al Estado Nacional.
La inclusión de Máximo y Florencia Kirchner en la pulseada judicial responde a que una parte sustancial de los bienes afectados ya había sido transferida a su nombre bajo la figura de anticipo de herencia por parte de su madre, en un movimiento que la justicia civil y comercial —y luego la penal— mantuvieron bajo la lupa.
La última carta: la Corte Suprema.
Tras este masivo rechazo en los tribunales de Comodoro Py, las opciones técnicas para la defensa se han reducido drásticamente. Al cerrarse la vía del recurso extraordinario ante la propia Casación, a Cristina Kirchner y a sus hijos solo les queda un último y complejo cartucho procesal: recurrir en queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, los especialistas en derecho procesal penal coinciden en que la presentación de la queja ante el máximo tribunal del país no tiene efectos suspensivos por regla general. Esto significa que, mientras la Corte analiza si acepta o no evaluar el caso —un proceso que suele demandar meses o incluso años—, el tribunal de origen queda legalmente facultado para iniciar las acciones de ejecución, tasación y eventual remate o transferencia al Estado de los 111 bienes en cuestión.
Redacción Nova Comunicaciones.
