El ejecutivo busca que la planta estatal tenga 75 mil empleados menos a fin de año.
Los primeros despidos se dieron a finales de diciembre del 2023, cuando se dieron de baja cerca de 7000 contratos que habían ingresado en ese año en diversos organismos. En marzo, tras una auditoría, el gobierno dio de baja a 18.000 empleados.
El personal que se encuentra hoy en la cuerda floja pertenece a regímenes de contratación transitoria u otros específicos diferentes al de la planta permanente. Se trata de los empleados regidos por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto N°1109/27 (monotributistas estatales) y de otras modalidades.
La mayoría de los posibles despedidos cumplirían funciones en los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud. También en la Biblioteca Nacional, Fabricaciones Militares, Enacom y Vialidad.
Por su parte la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que buscará reabrir la paritaria. En un informe publicado este fin de semana, aseguraron que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza y que, en este contexto, el 75% de los estatales son pobres.
El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dijo: “Se deben convocar de manera urgente a las paritarias en todos los niveles del Estado y definir estrategias que permitan una rápida recuperación del poder adquisitivo. El incremento en la administración pública nacional no debiera ser inferior al 80% y liquidarse en una sola cuota, como única posibilidad de compensar la caída del salario real que hemos sufrido a partir del 10 de diciembre”.
