El Senado la aprobó con modificaciones y vuelve a Diputados. Cambiemos quería que sea retroactiva pero lo descartaron por presunta inconstitucionalidad.
La ley de extinción de dominio es un proyecto para facilitarle al Estado el decomiso de bienes y fondos obtenidos de forma ilícita. Rige en casos de delitos federales como corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
El proyecto entró a la Cámara alta con media sanción de Diputados, que lo aprobó el 24 de junio de 2016 -en medio del caso de los bolsos de José López- con 135 votos a favor, 50 en contra y tres abstenciones. Senadores de distintos bloques, incluso Cambiemos, coincidieron en que el texto, tal como vino era “inviable” y corría riesgo de ser “inconstitucional” porque no espera a una sentencia para que se avance sobre los bienes. Por eso, los principales bloques elaboraron sus propios textos.
El proyecto del oficialismo, de Federico Pinedo, sostenía que la extinción de dominio era una acción civil, en paralelo al proceso penal, a cargo del Ministerio Público Fiscal. Además, fijaba la retroactividad de la extinción.
El proyecto que obtuvo mayoría fue el de Rodolfo Urtubey del Peronismo Federalque fija que la extinción se debe tramitar dentro del fuero penal y que, salvo en casos de fuga o flagrancia, se debe proceder con la extinción de dominio cuando hay sentencia de Cámara. Además, como es penal, no permite la retroactividad. Es decir que, por ejemplo, si se aprueba ahora no podría aplicarse para José López ni los imputados en la causa de los cuadernos.
El kirchnerismo elaboró un tercer proyecto en el que sostiene que la acción debe estar a cargo de los fiscales pero que la acción civil debe tramitar dentro del fuero penal, como propone el peronismo. También coincide con el Justicialismo en que la sentencia de extinción de dicta al mismo momento que la condena.
En la votación no lograron alcanzar los dos tercios. Cuando la iniciativa vuelva a Diputados, ellos podrían insistir en el proyecto original con mayoría simple. El texto aprobado en la Cámara alta fue el consensuado por el PJ y el kirchnerismo.
