El Poder Ejecutivo elevó al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, una iniciativa que deroga la Ley 26.659 para endurecer las penas contra la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La medida surge en respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion y amplía el alcance de las sanciones a todo tipo de recursos naturales, renovables y no renovables.
Penas severas y multas calculadas en barriles de petróleo.
-
Gama de recursos: El régimen abarca cualquier actividad no autorizada sobre la Plataforma Continental Argentina y los archipiélagos del Atlántico Sur.
-
Hidrocarburos: Prisión de 12 a 20 años por exploración o explotación no habilitada, y de 15 a 20 años por extracción, transporte o almacenamiento, sumado a multas de hasta 3 millones de barriles de crudo.
-
Otros recursos: Multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de inhabilitaciones de 5 a 20 años.
-
Proveedores: Castigos de 5 a 7 años de cárcel para quienes suministren bienes o servicios esenciales a estas operaciones a sabiendas de su destino.
Sanciones corporativas y régimen de regularización Las empresas implicadas enfrentarán la suspensión de actividades por hasta 30 años, la pérdida de beneficios fiscales, la rescisión de contratos estatales y, en casos graves, su disolución. Para ordenar la salida de las firmas sancionadas, se fijará un plazo de cese de entre 30 y 180 días. Asimismo, se crea un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permitirá extinguir la acción penal a las compañías que abandonen la actividad ilegal, paguen las multas fijadas o se comprometan a realizar inversiones legales en el país.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional La norma establece un sistema integral conducido por un Consejo presido por Javier Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica. Entre sus atribuciones destacan:
-
Protección de infraestructura crítica: Definición y resguardo de redes, sistemas e instalaciones esenciales estatales y privadas.
-
Protocolos ante amenazas: Regulación de medidas coercitivas contra aeronaves u embarcaciones hostiles, requiriendo autorización presencial y explícita del Presidente para el uso de fuerza militar excepcional.
-
Reformas transversales: Prohibición del financiamiento extranjero en campañas electorales, tipificación de delitos por campañas masivas de desinformación, actualización de la Ley de Defensa Nacional y jerarquización del registro antiterrorista (RePET).
Redacción: Nova Comunicaciones.
