Desde hace algún tiempo se estarían observando situaciones que requerirían, como mínimo, una explicación institucional y un control riguroso en torno a la asignación de los Servicios de Policía Adicional en la Jefatura Departamental Gualeguaychú.
Mientras a numerosos efectivos se les respondería con la negativa ante la solicitud de concretar estas tareas amparándose en que “no habría disponibilidad de servicios”, un grupo reducido de funcionarios contaría con una cantidad llamativamente elevada de adicionales. Según trascendió, el personal beneficiado concurriría de manera reiterada a objetivos específicos como sedes de la UNER, ANSES, recintos deportivos y otros puntos de alta demanda.
En ese marco, cobraría especial relevancia el rol desempeñado por las autoridades a cargo del área de gestión y distribución de estos servicios. Diversas fuentes señalan que resultaría indispensable esclarecer si existiría un trato preferencial o asignaciones desproporcionadas hacia efectivos con vínculos directos o de cercanía con quienes organizan los turnos, verificando bajo qué criterios objetivos se realizarían tales designaciones. Asimismo, se cuestionaría la continuidad e intervención de determinados suboficiales en la logística del área, cuya labor merecería ser auditada.
Sumas millonarias y diferencia de tarifas.
Otro de los aspectos centrales que debería ser objeto de revisión radica en los montos económicos percibidos. Según los relevamientos iniciales, determinados funcionarios podrían estar cobrando por prestaciones adicionales sumas que superarían el millón de pesos mensuales. Para corroborar o descartar estas cifras, resultaría indispensable cotejar las planillas oficiales de asistencia con las correspondientes liquidaciones bancarias.
A esta situación se sumaría la distinción en la tipología de las prestaciones: no todas las horas prestadas se abonan de la misma manera. Al coexistir horas comunes y horas especiales, estas últimas con una remuneración sustancialmente mayor, correspondería determinar con precisión la cantidad de horas de cada categoría asignadas a cada efectivo, las fechas de cumplimiento, los objetivos asignados y el monto final abonado.
El antecedente provincial y el reclamo de transparencia.
El debate cobra mayor sensibilidad tras las investigaciones judiciales iniciadas durante el corriente año en la ciudad de Paraná por presuntas irregularidades en la administración de los adicionales de la Policía de Entre Ríos. Si bien no se señalaría de manera concluyente que la situación de Gualeguaychú sea idéntica a la investigada en la capital provincial, el antecedente pondría de manifiesto la urgencia de garantizar la transparencia en un sistema que administra fondos públicos y que debería operar bajo el principio de igualdad de oportunidades para la totalidad del personal.
Mientras la necesidad económica llevaría a numerosos agentes a solicitar estas horas extras para complementar sus ingresos, el interrogante de fondo se mantiene: ¿se distribuirían las guardias adicionales con un criterio técnico y equitativo, o existirían sectores sistemáticamente favorecidos?
Frente a este escenario, diversos sectores coinciden en que la resolución del conflicto requeriría medidas concretas: la publicación de las planillas oficiales, la identificación clara de los responsables de la asignación, el detalle exhaustivo del tipo de horas ejecutadas y la verificación del destino final de los fondos liquidados. La concreción de una auditoría formal permitiría ratificar la regularidad de los procedimientos o, en su defecto, determinar las responsabilidades administrativas y legales que pudieren corresponder.
Redacción: Nova Comunicaciones.
