The Government seeks to prevent family members of public employees from having priority to work in the State.
Se está preparando un decreto. Ese privilegio ya había sido derogado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, pero fue nuevamente instaurado durante el gobierno de Alberto Fernández.
La intención de avanzar con este proceso se suma al objetivo del Ejecutivo para reducir los puestos en el Estado, luego del cierre de la AFIP y de la intimación para que 10.000 personas en condición de jubilarse inicien el trámite previsional. Además, la idea comenzó a circular tras el anuncio del Gobierno para privatizar la empresa Belgrano Cargas.
Este privilegio ya había sido derogado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, para evitar que se establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos. El decreto 732/2018 de ese momento terminaba con el beneficio que permitía que, ante la muerte de un empleado público de planta permanente, su familiar o cónyuge pueda reemplazarlo. Para el macrismo, esta norma iba en contra de la “garantía de igualdad”. Sin embargo, la decisión fue revocada durante la presidencia de Alberto Fernández.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei busca avanzar de manera similar a como lo hizo la gestión de Juntos por el Cambio, seleccionando a personas que sean idóneas para el cargo.
Algunos organismos que dan este beneficio que Milei quiere prohibir son el Banco Central y lo que era AFIP.
Desde el PRO aclararon que no sabían de la intención del Gobierno, pero que el diputado por Santa Fe, Alejandro Bongiovanni, presentó un proyecto parecido. Ese documento tiene como principal misión eliminar la herencia de cargos y sancionar a los funcionarios que redacten normas internas que vayan en contra de la prohibición.
Examen para empleados públicos.
A principios de octubre, el Gobierno anunció que le tomará “examen de idoneidad” a 40.000 trabajadores estatales. El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que detalló que la prueba será para los integrantes de la planta transitoria y contratados a los que se les termina el contrato a fin de año.
La evaluación se realizará en diciembre y será de manera online. Desde la Casa Rosada indicaron que es “un requisito necesario, pero no suficiente” y aclararon que la renovación del contrato luego se definirá “por los parámetros usuales”.
En paralelo, Adorni explicó que aún no están definidos cuáles serán los criterios de idoneidad: “Entiendo que eso será evaluado en puntos elementales para cumplir las tareas de cada puesto”, indicó.
“La gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a tener que pasar por estos exámenes y va a ser una práctica habitual en el Estado Nacional, tanto en las personas que ya tienen contrato como en las que pueden ser contratadas”, agregó.