Desde el Instituto Provincial de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de promover un juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, a raíz de una decisión adoptada en el ejercicio de su función jurisdiccional, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de la norma que reduce la edad de punibilidad en el nuevo régimen penal juvenil.
Las decisiones judiciales pueden ser objeto de revisión, crítica y debate dentro de los mecanismos previstos por nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, resulta esencial preservar la independencia de quienes ejercen la magistratura y evitar que el contenido de una resolución judicial se convierta, por sí mismo, en motivo de presión o disciplinamiento.
La independencia judicial y la división de poderes constituyen principios fundamentales del Estado de Derecho y garantías indispensables para que jueces y juezas puedan resolver conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes aplicables, sin condicionamientos externos.
En ese marco, desde el Instituto Provincial de Derecho Penal reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial, el respeto de las garantías constitucionales y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Emite: Instituto Provincial de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología.
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
