La medida busca aliviar la crisis financiera del PAMI tras los reclamos por deudas y demoras en los pagos a clínicas y prestadores.
El Gobierno autorizó una asistencia financiera de más de $580.000 millones para el PAMI con el objetivo de regularizar pagos atrasados a prestadores y garantizar la continuidad de los servicios para jubilados y pensionados.
El Gobierno nacional autorizó una asistencia financiera de más de $580.000 millones para el PAMI, luego de advertir la “crítica situación financiera” que atraviesa el organismo encargado de brindar cobertura médica y servicios sociales a millones de jubilados y pensionados en todo el país.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía mediante la emisión de Letras del Tesoro por un total de $580.270 millones, fondos que estarán destinados principalmente a regularizar pagos atrasados con prestadores y proveedores del instituto. La decisión llega además después de que la Justicia ordenara al Gobierno normalizar los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados.
Según se detalló, la asistencia será reintegrable, por lo que el PAMI deberá devolver esos recursos dentro del mismo ejercicio fiscal.
El esquema contempla tres instrumentos financieros: una letra por $173.672 millones con vencimiento el 31 de julio, otra por $164.037 millones que vencerá el 31 de agosto y una tercera por $187.363 millones con fecha límite al 30 de septiembre.
PAMI: reclamos, caída de transferencias y preocupación por los servicios
La resolución, firmada el pasado 20 de mayo, ya se encuentra en vigencia y se enmarca dentro de las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto 2026. Desde el Ejecutivo explicaron que la operatoria permitirá asistir financieramente al organismo sin impactar de forma directa en el gasto primario del mes.
La decisión se produce en medio de fuertes reclamos de clínicas, médicos y proveedores que denunciaban importantes retrasos en los pagos por parte del PAMI. Durante el primer cuatrimestre del año, las transferencias corrientes al organismo registraron una caída real del 10,5%, situación que derivó en una creciente deuda flotante y en dificultades para sostener algunos servicios.
Especialistas señalaron que este tipo de mecanismos ya habían sido utilizados anteriormente para afrontar compromisos urgentes del Estado sin alterar las metas fiscales previstas por el Gobierno.
