Un predio en San Fernando contratado para custodiar equipamiento estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica evidenció un estado de deterioro alarmante. La investigación por el robo de materiales derivó en el hallazgo de 2,5 millones de dólares en poder del expresidente de la empresa estatal, Facundo Leal.
Un escenario de negligencia extrema fue el punto de partida para lo que hoy se ha convertido en una megacausa judicial por corrupción que sacude a ARSAT. Contenedores invadidos por ratas, pastizales descontrolados, falta de electricidad y cámaras de seguridad inoperantes fueron las condiciones descritas por los propios empleados de la empresa estatal al referirse al predio de la firma Argentina Logistic Services (ALS), en San Fernando, lugar destinado a proteger bienes estratégicos del Estado.
El escándalo, que se tramita en la Justicia Federal de San Isidro, cobró notoriedad nacional tras los allanamientos a las propiedades del expresidente de ARSAT, Facundo Leal, donde las autoridades secuestraron drogas y una fortuna en efectivo.
Un botín millonario en propiedades del expresidente.
Si bien el expediente original se inició por la denuncia de ARSAT ante la sustracción de materiales, la causa dio un giro drástico al apuntar hacia las altas esferas de la gestión anterior.
Durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en viviendas de Facundo Leal —ubicadas en el barrio porteño de Palermo y en la provincia de Mendoza—, los investigadores encontraron un total de 2,5 millones de dólares en efectivo. Este hallazgo motivó la detención inmediata del exfuncionario y la incautación del dinero.
Actualmente, el fiscal Fernando Domínguez ha solicitado citar a declaración indagatoria a diez imputados, incluido Leal, bajo la sospecha de irregularidades en la licitación y contratación de la empresa de logística.
Ratas, humedad y abandono total.
Los testimonios incorporados al expediente revelan el pésimo estado del predio ubicado en la calle Ex Combatiente Sánchez 1982, rentado por la empresa ALS poco antes de ser beneficiada con el contrato millonario de ARSAT.
El lugar albergaba 17 shelters (contenedores tecnológicos) correspondientes al Proyecto Shelter-2, destinado a ampliar la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica. Según las declaraciones:
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Falta de mantenimiento: El pasto crecía por debajo de los contenedores, generando humedad extrema.
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Plagas: Los empleados advirtieron la presencia constante de ratas e insectos en el interior de los equipos.
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Deterioro estructural: Los selladores que debían proteger el equipamiento estaban resquebrajados.
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Fallas de seguridad: El playón de hormigón no contaba con suministro eléctrico, lo que inutilizaba las alarmas y el acceso con tarjetas magnéticas. Muchos contenedores estaban sin llave o con las puertas trabadas por desniveles en el terreno.
Un robo planificado, no improvisado.
Las condiciones de abandono facilitaron el robo detectado el 4 de enero de 2024, que le costó a la empresa estatal una pérdida estimada en 151.000 dólares entre bienes sustraídos y dañados.
Los investigadores y empleados de ARSAT coinciden en que la vandalización requirió logística y no fue un simple ataque de oportunidad:
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Uso de herramientas: Desmontar el equipamiento exigió escaleras y herramientas especializadas.
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Tiempo de ejecución: Al no contar el predio con iluminación nocturna, el desarme de los equipos demandó varias horas o incluso días de trabajo ininterrumpido en la oscuridad.
Para el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez, las precarias condiciones del lugar son la pieza clave para entender el presunto entramado de corrupción: la principal incógnita que busca responder la Justicia es por qué la administración de Leal le adjudicó la custodia de bienes tecnológicos de altísimo valor estratégico a una empresa que no garantizaba las medidas mínimas de seguridad e infraestructura.
