Las autoridades recuperaron el control de la Alcaidía 1 de Lavalle tras desplegar un operativo de emergencia y un comité de crisis que se extendió por varias horas. Los internos enfrentarán nuevas imputaciones penales.
BUENOS AIRES — Luego de horas de extrema tensión en pleno centro porteño, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires lograron recuperar el control total de la Alcaidía 1 de Lavalle, tras un motín en el que tres efectivos de la Policía de la Ciudad fueron tomados como rehenes. Como consecuencia directa del hecho, se dispuso el traslado inmediato de 31 detenidos y el cierre temporal de la dependencia policial para su reacondicionamiento y reorganización.
El violento episodio se desencadenó a partir de una gresca entre los propios reclusos. Al ingresar al pabellón con el objetivo de separar a los involucrados y restablecer el orden, un grupo de diez internos increpó y redujo al personal policial. En esa primera instancia, los reclusos capturaron a un subcomisario, a un inspector y a un oficial mayor.
Aunque dos de los agentes fueron liberados rápidamente en las primeras etapas de la negociación, el oficial mayor permaneció cautivo durante más de cinco horas dentro del establecimiento.
Comité de crisis y liberación.
Ante la gravedad de la situación, se constituyó de urgencia un comité de crisis integrado por autoridades del Ministerio de Seguridad porteño, la plana mayor de la Policía de la Ciudad, el cuerpo de Bomberos y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Finalmente, cerca de las 18:30 con la mediación de la Fiscalía, se logró la liberación del último efectivo retenido. Fuentes oficiales y evaluaciones médicas posteriores confirmaron que no se registraron heridos de gravedad, ni entre el personal policial ni entre los reclusos.
Agravamiento de penas y robo de cuentas.
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, confirmó en conferencia de prensa que los diez internos directamente involucrados sumarán graves cargos a sus causas originales, incluyendo:
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Privación ilegítima de la libertad con fines coactivos.
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Lesiones y daños a bienes de uso público.
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Robo agravado.
Durante el tiempo que duró el cautiverio, los amotinados utilizaron el teléfono celular del oficial mayor retenido para grabar videos difundiendo sus reclamos. Además, aprovecharon la situación para vaciarle sus cuentas bancarias a través de aplicaciones móviles.
El fiscal Marco Juliano Zunino encabeza la recolección de elementos probatorios y las indagatorias a los implicados, mientras que desde la cartera de Seguridad aseguraron que se solicitará el máximo rigor de la ley y el agravamiento severo de las condenas de los responsables.
Redacción: Nova Comunicaciones.
