Fuentes internas del Poder Judicial de Gualeguaychú encendieron las alarmas sobre el funcionamiento de la fiscalía local y los juzgados de familia.
Bajo estricto anonimato por temor a represalias, al menos tres funcionarios de la ciudad revelaron que cerca del 50% de las denuncias por violencia de género que ingresan al sistema carecen de veracidad, advirtiendo sobre un uso abusivo y desmedido de las medidas cautelares.
De acuerdo con el relato de los informantes, la actuación de los fiscales opera bajo una lógica automática: tan pronto como se radica una presentación, se aplican de inmediato restricciones de acercamiento y la entrega de botones antipánico, sin un análisis o evaluación previa que acredite la gravedad del hecho. La problemática se traslada también al fuero de Familia, donde señalan que existe un exceso en los términos de las restricciones decretadas.
Vencimiento de plazos, parálisis investigativa y violación de garantías.
El reclamo central apunta al rol de los fiscales por el reiterado e injustificado incumplimiento de los plazos procesales. Según indicaron los denunciantes, cuando las causas no avanzan debido a la absoluta falta de pruebas, la fiscalía evita disponer el archivo de los legajos. Por el contrario, las causas se mantienen abiertas de manera indefinida, vulnerando los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y desconociendo las garantías constitucionales que protegen a cualquier ciudadano sometido a proceso.
Esta inacción deliberada mantiene a los imputados ligados a un proceso penal sin resolución firme, vulnerando el principio de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
“Lo peor de todo es que el peso de la ley no cae sobre quien radica la acusación infundada. Quienes denuncian en falso continúan con medidas de protección activas, burlándose del sistema y de los denunciados, mientras los fiscales miran para otro lado para no asumir el costo político de cerrar causas sin elementos”, denunciaron las fuentes.
Posibles consecuencias penales para los fiscales.
La parálisis intencional de las causas y el vencimiento de los plazos legales no representan únicamente una falta administrativa o de desempeño; podrían encuadrar en delitos tipificados por el Código Penal Argentino:
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal): Reprime con pena de prisión e inhabilitación especial al funcionario que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su oficio. La postergación indefinida de las causas y la inobservancia de las garantías de los imputados encajan directamente en esta figura penal.
Denegación y retardo de justicia (Art. 273 del Código Penal): Sanciona al juez o fiscal que se negare a juzgar o que retardare maliciosamente la administración de justicia después de haber sido requerido por las partes y vencidos los términos legales.
Falso testimonio y falsa denuncia (Art. 245 y 275 del Código Penal): En cuanto a quienes promueven las falsas acusaciones, el marco legal contempla penas de prisión para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad, además de las posibles acciones por daños y perjuicios que los afectados puedan promover en el fuero civil.
Piden la intervención urgente del Superior Tribunal de Justicia.
Ante la gravedad del escenario, los trabajadores judiciales exigieron una pronta intervención de las autoridades provinciales. Hicieron un llamado directo al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que audite de inmediato el accionar de la fiscalía y los juzgados de familia de Gualeguaychú, remarcando que en las altas esferas del poder judicial provincial “saben muy bien lo que ocurre” en la ciudad.
Redacción: Nova Comunicaciones.
