César Barbeito y Francisco González, exfuncionarios de la gestión radical de Miguel Saiz, cumplirán prisión efectiva por el delito de peculado. El fallo de la Corte Suprema dejó firmes las condenas.
Dos ex altos funcionarios de la provincia de Río Negro fueron detenidos e ingresados a una dependencia penitenciaria regional luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes sus condenas por el cobro ilegal de sobresueldos entre 2004 y 2010. Ambos se desempeñaron durante las gestiones del exgobernador radical Miguel Saiz.
Los implicados con penas de cumplimiento efectivo son los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco González (Coordinación), quienes fueron alojados en la unidad carcelaria de la localidad de Pomona.
Las detenciones: un regreso de Brasil y una entrega voluntaria.
La captura de los exfuncionarios se ejecutó de dos maneras distintas tras conocerse el revés del Máximo Tribunal:
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César Barbeito: Fue interceptado el pasado domingo por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Bariloche por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), justo cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Brasil, donde había pasado unos días de vacaciones con su familia. Fue trasladado de inmediato por la policía provincial.
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Francisco González: Optó por presentarse de forma voluntaria ante una dependencia de la Policía de Río Negro una vez que se notificó el rechazo de los recursos de apelación.
Tanto Barbeito como González deberán cumplir una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Penas en suspenso para el resto del gabinete.
El fallo de la Corte también ratificó las condenas de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para otros cinco exministros y un exfuncionario de la misma administración:
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Omar Contreras (Turismo)
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Cristina Uría (Salud)
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Juan Accatino (Producción)
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Alfredo Pega (Desarrollo Social)
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Diego Larreguy (Gobierno)
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José Ongaro (Extesorero provincial)
El “mecanismo”: cheques en ventanilla y desvío de fondos públicos
La investigación judicial determinó que durante siete años se montó una estructura paralela dentro del Estado rionegrino para distribuir fondos públicos de forma discrecional.
Según la causa, el dinero se retiraba mediante cheques emitidos a nombre de los propios funcionarios y se cobraba directamente por ventanilla bancaria, logrando eludir los circuitos administrativos y los controles habituales de la liquidación de haberes.
El caso salió a la luz gracias a una investigación periodística que denunció cómo los ministros percibían un extra ilegal por encima de sus haberes estipulados bajo una “apariencia reglamentaria”.
Un derrotero judicial que llevó 8 años.
La Cámara Criminal de Viedma dictó las primeras condenas por el delito de peculado en 2018. Dos años más tarde, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro confirmó la sentencia.
Finalmente, tras seis años de trámite en la instancia nacional, los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazaron los recursos extraordinarios de la defensa al considerar que no lograron desvirtuar los fundamentos previos, cerrando definitivamente el caso y ordenando las detenciones de los principales responsables.
Redacción: Nova Comunicaciones.
