Griselda Ortiz se negó a declarar tras ser detenida en Tigre. Su pareja, un fisicoculturista conocido como “Sargento Trembo”, escapó a Brasil. Captaban personas en situación de vulnerabilidad ofreciendo $3.000 dólares por ir al frente.
La Justicia Federal asestó un golpe decisivo contra una insólita red internacional de reclutamiento militar que operaba en el país. Griselda Inés Ortiz, ex agente de la Policía Bonaerense, se negó a declarar este lunes ante el juez federal Luis Armella en el marco de una causa donde se la acusa por el delito de trata de personas. Su pareja y presunto líder de la banda, Jorge Otero, alias “Sargento Trembo” —ex policía de la Ciudad y fisicoculturista—, logró prófugo cruzar la frontera e ingresar a Brasil.
La investigación, delegada en el fiscal Sergio Mola y ejecutada por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina (PFA), alumbra una trama de captación que combinaba ofertas engañosas en redes sociales y la explotación de personas en situaciones socioeconómicas extremas.
La trampa: de TikTok a la primera línea de combate.
A través de plataformas como TikTok y canales de Telegram, la pareja publicaba videos tácticos y flyers ofreciendo integrar supuestamente la Legión GUR del servicio de inteligencia militar ucraniano. Prometían pagos de 3.000 dólares mensuales y pasajes cubiertos para puestos como “médicos tácticos”, “operadores de drones” y “tropas de asalto”.
Entre los requisitos exigidos figuraban un pasaporte al día y pruebas de aptitud física básicas. Sin embargo, detrás de la fachada publicitaria se escondía una red ilícita que captaba a personas vulnerables.
El punto de quiebre: La causa comenzó el pasado 24 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interceptó a cuatro hombres en un vuelo con destino a Estambul. Los pasajeros afirmaban viajar como albañiles para trabajar en la reconstrucción de Ucrania, pero colapsaron al declarar ante el Programa Nacional de Rescate.
Los hombres confesaron que iban a combatir al frente y que desconocían quién financiaba los pasajes o cómo regresarían al país en caso de sobrevivir.
Por qué la Justicia imputa trata de personas.
Para la fiscalía, aunque Ucrania permita el reclutamiento de extranjeros, la operación montada en Argentina encuadra estrictamente en el delito de trata:
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Consentimiento viciado: Las víctimas firmaban contratos cuya veracidad no está demostrada o resultan ideológicamente falsos.
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Abuso de vulnerabilidad: Se captaba a personas con graves urgencias económicas a las que se ponía en riesgo de vida sin garantías contractuales ni de retorno.
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Anonimato y ocultamiento: Las coordinaciones previas se realizaban en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la aplicación Signal, habitual en redes complejas por sus niveles de encriptación.
Allanamiento en Tigre y prófugo internacional.
Tras un operativo en la localidad de Tigre, agentes de la PFA detuvieron a Ortiz en un conventillo. Durante el allanamiento se incautaron:
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Insignias militares ucranianas y documentación de reclutamiento.
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Uniformes de la Policía de la Ciudad y gafetes pertenecientes a Otero.
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Material probatorio que vincula directamente las líneas telefónicas expuestas en las redes.
En paralelo, canales de Telegram pro-rusos habían filtrado semanas atrás fotografías de Otero y Ortiz posando con fusiles de asalto en zonas de conflicto. Las autoridades intentan establecer mediante la Dirección Nacional de Migraciones si la pareja estuvo efectivamente asentada en territorio ucraniano antes de estructurar las redes de reclutamiento en Argentina.
Por el momento, sobre Otero pesa una orden de captura internacional mientras la causa avanza sobre el peritaje de los teléfonos y la documentación secuestrada.
Redacción: Nova Comunicaciones.
