Los homicidios aumentaron un 6,6 % en el primer semestre impulsados por un mayor poder de fuego, el uso de pistolas adaptadas para disparar en ráfaga y una espiral de venganzas territoriales concentradas en Montevideo y Canelones.
El panorama de la seguridad pública en Uruguay registra una transformación cuantitativa y cualitativa en sus niveles de violencia. Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron 195 homicidios, lo que representa un incremento del 6,6 % frente al mismo período del año anterior. Más allá del aumento absoluto, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior expresan alarma por la creciente sofisticación técnica del crimen organizado y la proliferación de armas de fuego modificadas para incrementar su letalidad.
Modificación de armas y la pérdida de rastreabilidad.
El incremento de la violencia mortal está estrechamente ligado al poder de fuego que han adquirido las estructuras delictivas. Una de las tendencias más complejas identificadas por los servicios de inteligencia es la conversión de pistolas semiautomáticas —especialmente de la marca Glock— en armas automáticas capaces de disparar en ráfaga.
Los delitos perpetrados con este tipo de armamento modificado casi se duplicaron, pasando de 14 a 26 casos en el último período analizado.
“Se está tornando más frecuente el uso de armas automáticas o modificadas para disparar en ráfaga en los homicidios, particularmente en aquellos relacionados con el tráfico de drogas o el conflicto criminal en Montevideo y Canelones”, señaló Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, ante la comisión parlamentaria.
A este fenómeno se suma la dificultad para investigar el origen del armamento:
-
80 % de las armas incautadas en la escena de homicidios tienen el número de serie limado o borrado.
-
Existe una filtración constante y creciente de armamento y municiones desde las Fuerzas Armadas, la Policía y el mercado legal hacia los circuitos informales.
-
En los últimos 15 años, los delitos con armas de fuego que no resultan en lesiones o muertes (disparos, porte ilegal y tráfico interno o internacional) aumentaron casi un 300 %.
Para frenar esta escalada, el Gobierno presentó una Estrategia Nacional de Control de Armas, que incluye restricciones a la fabricación mediante impresiones 3D y controles reforzados sobre el stock legal.
137 bandas activas y sicariato como mecanismo de entrada.
Según el mapa delictivo elaborado por la Policía, en Uruguay operan 137 estructuras criminales activas compuestas por al menos 2.700 personas integradas en clanes familiares, bandas de barrio u organizaciones con niveles variables de coordinación. Asimismo, se identifican otras 23 organizaciones actualmente inactivas que abarcan a 600 individuos adicionales.
Panorama del Crimen Organizado en Uruguay
├── Estratificación delictiva: 137 bandas activas (~2.700 integrantes)
├── Causa principal de homicidios: 58 % por disputas territoriales, deudas o traición
└── Modalidades emergentes: Sicariato, tecnología de rastreo y ejecuciones por iniciación
La directora general de Secretaría del Ministerio del Interior, Ana Sosa, explicó que el 58 % de los homicidios recientes responden a conflictos directos entre estos grupos. Las dinámicas no constituyen hechos aislados, sino que operan como un “círculo vicioso” donde cada ejecución desencadena ciclos de represalias que pueden arrastrarse durante años.
Además, las autoridades detectaron la incorporación de nuevas tácticas:
-
Rastreo tecnológico: Utilización de dispositivos de localización para monitorear a las víctimas antes de ejecutar los ataques.
-
Violencia letal de iniciación: Exigencia de cometer un homicidio como requisito de ingreso a las organizaciones delictivas.
-
Contratación de sicarios: Aumento de la planificación y profesionalización de las ejecuciones.
Un problema estructural que trasciende gestiones.
Durante una citación en el Parlamento, el ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que los indicadores del primer tramo del año son desfavorables respecto a 2025 y remarcó que Uruguay enfrenta un problema de carácter estructural.
Desde 2018, la tasa de homicidios en el país se ha mantenido de forma constante por encima de los 10 casos por cada 100.000 habitantes (con la única excepción de los años con restricciones por la pandemia de COVID-19), atravesando diferentes Administraciones y partidos políticos en el gobierno.
A nivel regional, Uruguay exhibe la proporción de tenencia de armas por habitante más alta de la zona. Mientras que en 2013 el 60 % de los homicidios se cometían con armas de fuego, en 2025 esa cifra escaló al 70 %, posicionando al país ante un escenario crítico donde la proliferación del mercado ilegal hipertrofia la letalidad del crimen organizado.
Redacción: Nova Comunicaciones.
