La investigación interna documentó pagos irregulares entre julio de 2022 y enero de 2026 y señala a responsables por las acreditaciones indebidas.
La Armada Argentina presentó ante la Justicia una denuncia formal tras reconstruir un esquema de acreditaciones indebidas por un monto auditado de $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026.
La presentación fue elevada por la fuerza que conduce el almirante Juan Carlos Romay al Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, e identifica de manera preliminar a 23 beneficiarios, aunque no se descarta que el perjuicio económico total pueda escalar hasta los $1.500 millones.
Mecanismo de la maniobra e irregularidades detectadas.
El fraude fue descubierto en febrero de 2026 a raíz de la devolución voluntaria de suplementos cobrados en exceso por parte de cinco agentes.
La investigación administrativa determinó que la manipulación informática se ejecutaba en la fase final del circuito de liquidación de haberes, donde se alteraban los archivos digitales antes de su remisión al Banco de la Nación Argentina.
Mediante este procedimiento, se incrementaban montos o se agregaban conceptos salariales sin respaldo documental, para luego restablecer los registros originales en el sistema interno. Esta alteración impedía que los recibos de sueldo emitidos en la plataforma Haberes-Web reflejaran las diferencias reales transferidas a las cuentas bancarias.
Personas implicadas, recupero de fondos y acciones del Ministerio de Defensa.
Entre los involucrados figuran militares en actividad, retirados, personal civil y cuatro particulares sin relación laboral con la institución, quienes concentraron $434.200.718,04 del total desviado.
El principal señalado por la auditoría es el exjefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff, quien admitió su participación en la maniobra y fue apartado de sus funciones de forma inmediata.
Al momento de formalizar la acción judicial, la fuerza había logrado recuperar $42.574.267,63, quedando pendiente de cobro un remanente superior a los $938 millones.
Tras la instrucción del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, la Armada reforzó los mecanismos de control interno, separó las funciones de liquidación y ratificó una política de tolerancia cero frente a irregularidades en la gestión de recursos públicos.
