En los últimos días volvió el tema de las vacunas contra la Covid 19. El gobierno trajo nuevamente esta cuestión porque le hizo un homenaje al ex Ministro de Salud, Ginés González García, al que había echado por vacunar a quienes no correspondía antes que a miles de personas que tenían derecho y necesidad de recibir su dosis.
Estamos hablando de principios de 2021 cuando había mucha incertidumbre y el gobierno argentino, por fanatismo ideológico o por oscuros negocios, venía de rechazar la vacuna de Pfitzer y de abrazarse a la Sputnik, que al día de hoy sigue sin homologación científica internacional y desapareció del vocabulario oficial.
A esto se suma que el oficialismo ha impedido que la Auditoría General de la Nación, que preside un representante de la oposición, pueda conocer los contratos celebrados con las empresas farmacéuticas proveedoras de vacunas. Más oscuridad, más sospechas.
La situación sanitaria respecto de la Covid 19 en distintas partes del mundo y de nuestro país, ha llevado a las autoridades a aconsejar una cuarta o quinta dosis de vacuna para las personas más expuestas a la enfermedad.
Todo esto nos recuerda que hay causas judiciales en curso por los llamados vacunatorios VIP. O sea autoridades denunciadas penalmente por vacunar a determinadas personas, a las que no les correspondía en ese momento, antes que a muchos quienes, por edad o enfermedad, necesitaban la vacuna con urgencia.
En Gualeguaychú tramita en el Juzgado Federal una de esas causas donde están denunciados el Intendente Municipal, Esteban Piaggio y su Secretario de Salud, Martín Roberto Piaggio, ambos médicos.
Se ha recolectado en el expediente abundante prueba. Las autoridades municipales han remitido un listado de vacunados durante los primeros días de febrero de 2021 a los que identifica en su totalidad como “personal de salud”.
Es notorio que muchos de ellos no estaban en contacto con enfermos ni desarrollaban tareas de cercanía o asistencia con pacientes afectados por la pandemia.
Más allá de la pertenencia administrativa de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, en la que orbitan diversas dependencias que nada tienen que ver con la salud, ha quedado demostrado que una importante cantidad de esas personas se vacunaron cuando no les correspondía ni resultaba imprescindible para el tipo de tareas que realizaban por entonces.
Por supuesto que el decurso de la causa dará lugar, oportunamente, a una decisión judicial. Más allá de los enfoques jurídicos, han quedado claras las omisiones, obrar negligente y aún doloso de los responsables locales de ese vacunatorio VIP.
Los mismos que durante meses negaron el uso del barbijo o impulsaron la actuación policial para frenar la protesta de comerciantes o aplicaron multas desproporcionadas en situaciones arbitrarias. Por supuesto que no olvidaremos ni perdonaremos. El castigo judicial podrá llegar o no. El castigo popular, seguro que sí.
