A stir at the IOSPER: They do not allow employees or affiliates to enter and there is a strong police control.
Las autoridades tomaron la determinación luego de la publicación de los contratos en el Portal de Ricardo David, y buscan evitar que se filtren más irregularidades, a la vez que hay una fuerte persecución a los trabajadores.
El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos presenta una imagen inusual, con una fuerte custodia policial en los ingresos de la sede central, en donde se encuentran las oficinas del directorio y de la administración.
El organismo, presidido por Fernando Cañete, solicitó al gobernador Gustavo Bordet y a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, la disposición de personal policial con el fin de que no puedan ingresar a la institución ni afiliados ni trabajadores.
El objetivo es evitar que se filtre información acerca de las graves irregularidades que se gestan dentro del organismo y la determinación fue tomada luego de que este Portal publicara unos 300 contratos en negro y de personas que no irían a trabajar.
A raíz de esa publicación, dentro del organismo hubo una fortísima persecución, acoso y hostigamiento a todos los trabajadores en general, con el fin de determinar quién o quiénes permitieron la filtración de la información a la prensa.
La situación generó un gran malestar entre los empleados, no solo por las irregularidades de los contratos en sí, sino por los tensos momentos que tuvieron que pasar a raíz del hostigamiento de las autoridades.
Ahora, luego de esa publicación, las autoridades solicitaron al gobernador Bordet y a la ministra Romero una fuerte custodia policial, con el fin de restringir al máximo los accesos.
El Iosper es un organismo estatal con oficinas públicas en las cuales los afiliados deben hacer trámites y pedir autorizaciones para problemas de salud pero se les prohíbe ingresar por la policía que cumple órdenes.
El hecho es llamativo porque es posible acceder a cualquier organismo público, inclusive a Tribunales, pero en el Iosper rige una fuerte restricción en los accesos.
El objetivo de las autoridades es evitar que se filtre más información acerca de las numerosas irregularidades que se dan allí, entre ellas, las compras de medicamentos en forma directa que llevan adelante los funcionarios sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.
