GUALEGUAYCHÚ. La conmoción política y social no cesa en la zona fronteriza de Entre Ríos. Luego de que Nova Comunicaciones diera a conocer en exclusiva la presunta presencia y operación de ciudadanos mexicanos vinculados al narcotráfico en Gualeguaychú, nuevos testimonios han comenzado a salir a la luz.
Diversos vecinos de la zona rompieron el silencio bajo estricto anonimato, impulsados por el temor a represalias de una estructura criminal de gran escala.
De acuerdo con los datos recabados, la red criminal utiliza tecnología de última generación para operar en los campos ubicados sobre la costa del Río Uruguay. Mediante sistemas avanzados de geolocalización y señales, los sospechosos guían a avionetas clandestinas para que realicen la descarga de paquetes de droga en pleno territorio rural. Los habitantes de la zona aseguran vislumbrar este despliegue aéreo de forma semanal; sin embargo, las fuerzas encargadas de custodiar la frontera afirman no haber detectado irregularidades.
Falta de respuestas oficiales y radar internacional.
La inacción de las autoridades locales y provinciales de Entre Ríos ha generado un profundo malestar entre los pobladores, quienes señalan que la dirigencia política ha optado por el silencio sin iniciar actuaciones de oficio. En contraste con la pasividad estatal, la investigación periodística de Nova Comunicaciones trascendió las fronteras nacionales: un organismo internacional tomó nota formal de la situación, según confirmaron notificaciones recientes.
Las hipótesis principales que manejan los investigadores apuntan a dos aspectos críticos.
Centro de acopio provincial: Gualeguaychú se estaría consolidando como un punto logístico estratégico para el almacenamiento y distribución de estupefacientes a gran escala hacia diferentes puntos de Entre Ríos.
Complicidad y protección: Existen fuertes sospechas sobre el pago de coimas por parte del grupo extranjero a integrantes de una fuerza federal con asiento en la zona para garantizar la impunidad de las operaciones aéreas y terrestres.
Se espera que la intervención del organismo internacional presione a la Justicia Federal para abrir una investigación exhaustiva que esclarezca los nexos locales y frene la penetración de estas organizaciones en la región.
Redacción: Nova Comunicaciones.
