El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario con conjueces para resolver un amparo colectivo impulsado por comunidades indígenas, organizaciones ambientales y una legisladora rionegrina.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9:00 a un acuerdo extraordinario para tratar un nuevo planteo judicial contra la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta originalmente mediante el artículo 154 del DNU 70/23. La resolución del tribunal podría derivar en una medida cautelar que restituya temporalmente los límites legales a la venta de campos a ciudadanos e inversiones extranjeras en el país.
El encuentro fue dispuesto de forma urgente por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, pocos días después de que la Corte revocara por razones procesales una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad de la norma.
La nueva causa y sus fundamentos.
A diferencia del primer expediente elevado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata —que basaba su reclamo en la defensa de la soberanía nacional—, la nueva presentación corresponde a un amparo colectivo promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.
Los impulsores del recurso fundamentan su acción en dos ejes principales:
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Protección del medio ambiente: Resguardo de los recursos naturales y ecosistemas locales ante la venta irrestricta de tierras rurales.
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Derechos territoriales ancestrales: Reconocimiento y tutela de los territorios habitados por pueblos originarios.
Los demandantes solicitan al máximo tribunal aclarar si el fallo anterior afecta su presentación o si, al poseer legitimación e intereses independientes, la cautelar solicitada mantiene plena vigencia. La Corte deberá definir si devuelve el expediente al juzgado de origen o si se pronuncia de manera directa sobre el pedido de suspensión.
Integración especial del tribunal y plazos abreviados.
Ante las diferencias de criterio internas sobre el camino procesal a seguir y con el objetivo de alcanzar los tres votos requeridos para dictar sentencia, la Corte debió ampliar su conformación. A los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se sumaron por sorteo los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci como conjueces.
Para resolver la cuestión con celeridad, el tribunal implementó medidas extraordinarias:
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Reducción del plazo de recusación: Se acortó el tiempo para recusar a los conjueces de 72 a 24 horas.
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Habilitación de días y horas inhábiles: Se dio curso a actuaciones fuera de la franja judicial habitual para acelerar el tratamiento del caso.
Repercusiones en la agenda política.
La decisión del máximo tribunal se produce en un clima de alta tensión parlamentaria, en el que bloques de la oposición en la Cámara de Diputados impulsan una sesión especial para rechazar de manera integral el DNU 70/23. De dictarse una cautelar favorable a las organizaciones, se repondrían los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque ello no implicará la anulación definitiva del decreto.
Redacción: Nova Comunicaciones.
