EE.UU. declara “terroristas” a las dos mayores bandas criminales de Brasil y desata un cruce diplomático.
La administración de Donald Trump oficializó la clasificación del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) como organizaciones narcoterroristas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida como una intromisión unilateral y exigió cooperación real en lugar de “etiquetas jurídicas”.
La lucha contra el crimen organizado en América Latina sumó un nuevo y ríspido capítulo bilateral. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a catalogar formalmente como organizaciones terroristas a las dos principales facciones criminales de Brasil: el Comando Vermelho (CV), con base en Río de Janeiro, y el Primer Comando de la Capital (PCC), surgido en San Pablo.
La medida, de fuerte impacto político, entró en vigencia este viernes y abrió un inmediato frente de conflicto diplomático entre la Casa Blanca y el Palácio do Planalto, evidenciando las profundas diferencias de enfoque entre Washington y Brasilia.
Redes internacionales y el trasfondo político.
Según el Departamento de Estado norteamericano, ambas organizaciones dejaron de ser consideradas simples bandas delictivas para ser tratadas como “grupos narcoterroristas violentos”. El argumento central de Washington es su preocupante expansión global: la inteligencia estadounidense detectó redes de operación de estas facciones que alcanzan a por lo menos doce estados de EE.UU.
La resolución, que ya genera fuertes debates sobre los límites de la intervención de EE.UU. en la región, tiene además un fuerte componente de política interna brasileña:
-
El origen: La medida fue anunciada a finales de mayo, pocos días después de una visita clave a Washington por parte del senador y precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro.
-
La postura de la oposición: El bolsonarismo defendió la decisión argumentando que la ayuda externa es clave para recuperar los territorios y favelas dominados por el crimen.
El rechazo de Brasil: soberanía y el pedido de “reciprocidad real”.
Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva la respuesta fue contundente. El Poder Ejecutivo brasileño catalogó la medida como una intromisión unilateral que afecta directamente la soberanía del país al dictar clasificaciones sobre organizaciones que operan dentro de su propio territorio.
En sintonía, el director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, relativizó la utilidad del cambio de nomenclatura y apuntó a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades estadounidenses.
“Si realmente esa reciprocidad es verdadera, Estados Unidos necesita contribuir aún más con Brasil, deteniendo prófugos, bloqueando y congelando patrimonios y restituyendo recursos desviados”, sentenció Rodrigues.
Para la administración de Lula, la prioridad de la agenda bilateral debe centrarse en la cooperación judicial, financiera y policial de inteligencia para asfixiar las finanzas de las bandas, en lugar de recurrir a declaraciones internacionales de terrorismo.
Opinión pública dividida.
El debate no solo sacude a los despachos oficiales, sino que también expone una profunda grieta en la sociedad brasileña. Una encuesta de la consultora AtlasIntel reflejó que la intervención de la Casa Blanca cuenta con un respaldo ajustado, pero mayoritario:
| Postura de la población brasileña | Porcentaje |
| Considera correcta la declaración de EE.UU. | 53% |
| Se manifiesta en contra de la medida | 44% |
| No sabe / No contesta | 3% |
Mientras la controversia escala, el PCC y el CV entran formalmente en el radar del esquema global de combate al terrorismo de Washington, un movimiento que promete reconfigurar las relaciones de seguridad, los controles financieros y el intercambio judicial en toda la región.
Redacción: Nova Comunicaciones.
.jpg "Las exportaciones del complejo girasolero crecieron 160% y marcaron récord de los últimos 20 años")
