Romero’s justice of the peace in Villa Libertador San Martín is close to being confirmed.
La agencia de colocación continúa mediante un dudoso concurso.
Luego de que Pablo Biaggini fuera designado en la coordinación de Defensoría sin concurso previo, llega otra designación para alguien del sector de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que continúa con su agencia de colocación.
Este martes se definirá quién ocupará el cargo de juez de paz de la ciudad de Villa Libertador San Martín.
Tal como este Portal publicó en noviembre del año pasado y como se comentaba en el ámbito judicial, el concurso para acceder al cargo estaría muy direccionado en favor del doctor Sergio Damián Colja.
El abogado es funcionario en la Caja de Jubilaciones y estaría próximo a acogerse al sistema jubilatorio, por lo que los aportes como juez de paz serían más que convenientes para él, que hoy supera los 56 años de edad.
De este modo, la ministra Romero lograría que uno de sus asociados obtuviera una suculenta jubilación con un sueldo que parte de los 300 mil pesos.
En lo que va del supuesto concurso, Colja supera al resto de los postulantes, ya que por su cercanía con la ministra se habría visto favorecido en ciertos puntos.
Llamativamente, según los comentarios, el abogado hace más de 20 años que no reside en la ciudad para la cual sería designado juez y hasta habría iniciado causas contra el propio Municipio de Libertador San Martin en la década del 90, y no hace mucho, habría accionado contra el propio Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la mencionada Localidad.
A pesar de ello, el Concejo Deliberante local le daría los puntos que actualmente le faltan para hacerse con el cargo de juez de paz, ya que el doctor Colja sería el abogado personal del Intendente de Libertador, Raúl Casali, por lo que su designación en el juzgado cuenta con el aval del presidente municipal, de la ministra, y del gobernador Bordet.
Por ese motivo, sostienen que el concurso es meramente un trámite, ya que también el bloque de concejales del oficialismo, que responde al intendente, dio la venia.
De todos modos, lo que en el ámbito judicial se comenta es que, al menos, en este caso hubo concurso.
No ocurrió lo mismo con la designación de Pablo Biaggini en el ministerio Público de la Defensa, que conduce Maximiliano Benítez.
Para ese cargo, quien fuera titular del órgano encargado de los concursos en la Justicia como secretario de Justicia, llegó sin pasar por la instancia de evaluación previa, simplemente por su cercanía con la ministra.
Cuando ese hecho trascendió, se produjo un gran enojo tanto en Benítez como en la ministra Romero, que habrían iniciado una persecución interna para intentar dar con quien filtró la noticia a la prensa.
En tanto, la agencia de colocación de la ministra sigue premiando a sus allegados y socios y extendiendo sus redes en el sistema Judicial provincial, mientras los entrerrianos tienen cada vez menos confianza en la Justicia.
La falta de concursos o su direccionamiento configuran un manoseo de la transparencia que los vecinos de la provincia ya están hartos de ver y que conlleva un descreimiento en el sistema judicial en general.
Lejos está eso de ser un obstáculo para la ministra y sus allegados, que continúan extendiendo sus lazos y ahora llegaría un nuevo juez de paz de la mano de la agencia de colocación de Romero.
