La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Sergio Urribarri marca el punto final de una era política en Entre Ríos. Sin embargo, la noticia no solo resonó por el traslado del exgobernador al penal de Paraná, sino también por el ensordecedor silencio de quienes, durante sus dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015), conformaron su selecto cerco de aliados y defensores mediáticos.
Durante sus ocho años al frente de la provincia, la administración de Urribarri tejió un robusto esquema publicitario. A través del direccionamiento de millonarios fondos estatales en pauta oficial, la principal causa judicial que derivó en su encarcelamiento, se articuló una red de contención mediática encargada de blindar los actos del Ejecutivo, amplificar los discursos oficiales y acallar los reclamos de la oposición y de diversos sectores sociales.
A la par de ese manejo publicitario, las voces críticas de aquellos años denunciaron sistemáticos atropellos e irregularidades institucionales. Agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario y de la Policía de Entre Ríos señalaron la apertura de sumarios administrativos que derivaron en cesantías y bajas firmadas sin la debida revisión del debido proceso. Del mismo modo, el descontento alcanzó a la salud pública, la escuela estatal y el sector docente, golpeados por una gestión centralizada que priorizó la imagen pública sobre las condiciones laborales y la estabilidad institucional.
Hoy, la realidad política y mediática de la provincia ofrece un contraste contundente. Los portales, periodistas y operadores que en los años dorados del urribarrismo justificaban cada medida y celebraban los actos oficiales, parecen haber optado por la prescindencia. Ninguna editorial en su defensa, ningún comunicado de apoyo ni manifestaciones de solidaridad pública acompañaron el arresto del exgobernador ni la detención de sus colaboradores más cercanos.
El final de la carrera política de Sergio Urribarri expone una dinámica recurrente en la función pública: cuando los recursos del Estado se agotan y la Justicia dictamina fallos definitivos, la lealtad construida sobre la pauta oficial y el poder institucional suele desvanecerse sin dejar rastro.
Redacción: Nova Comunicaciones.
