La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara nuevas acciones judiciales contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”.
La denuncia volverá a apuntar a presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
Son distribuidoras que decían comprarle cigarrillos a Tabacalera Sarandí pero que para ARCA son empresas que en rigor pertenecen a Otero y todo sería una maniobra de lavado. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, en primer lugar por el fiscal Eduardo Taiano y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero según fuentes consultadas por TN, el organismo oficial prepara una nueva presentación judicial con nuevas pruebas que involucran a otras distribuidoras, pero en este caso en el año 2024. Se trata de ventas a empresas que, desde la perspectiva del fisco, no tienen capacidad económica, financiera ni operativa.
El organismo recaudador detectó que esta misma operatoria habría continuado en 2024. Estas nuevas distribuidoras también presentan un perfil fiscal irregular: no cuentan con acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten facturas con márgenes de ganancia mínimos. Además, muchas de estas ventas se hicieron a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B.
Para el fisco, todo sugiere un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero. En el período 2021-2023, esa red representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí, según cifras oficiales.
Tabacalera Sarandí niega irregularidades y asegura que Otero ya fue sobreseido
Desde la empresa niegan las acusaciones. En un escrito judicial, argumentaron que el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad. Además, remarcaron que la denuncia presentada no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados. Aseguraron también que las pruebas son “insuficientes”.
El fiscal del caso Taiano desestimó la denuncia en función de lo establecido en el artículo 180 al entender que la denucia no aportaba pruebas concretas sobre la maniobra y entendió que mencionar el ingreso de dinero en efectivo y facturación dudosa no era suficiente.
La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen presentado por la fiscalía. El fiscal recurrió ese fallo y pidió que se lo revoque.
Su postura fue mantenida por el fiscal de segunda instancia. Finalmente el 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen de fiscalía del 25/06/2025 y recobró así virtualidad este último. Otero fue sobreseido.
El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que intentaba frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo. El fallo dejó firme la constitucionalidad del tributo y descartó una presentación de último momento en la que la empresa había intentado desistir del juicio para forzar una nulidad.
El proceso prevé que el Tribunal Fiscal de la Nación determine el monto a reclamar. Una vez resuelto ese paso, se emitirá una intimación de pago, una boleta de deuda y, si no hay cumplimiento, se avanzará hacia el juicio de ejecución fiscal.
Con ese fallo, Otero quedó obligado a afrontar una deuda millonaria. Según los registros de ARCA, Tabacalera Sarandí debe $419.398 millones al fisco, incluyendo $305.239 millones de capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, y otros $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023.
En simultáneo, sigue abierta una causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la exAFIP.
Las marcas que comercializa la empresa —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años gracias a estrategias judiciales que le permitieron esquivar por un tiempo el impuesto mínimo al tabaco. Ese esquema, sin embargo, empezó a desmoronarse.
