El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este martes la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 806/2026, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a un sistema federal diseñado para neutralizar el uso ilegal de dispositivos móviles en los penales de todo el país.
El objetivo central de la iniciativa es cortar las maniobras delictivas que se coordinan desde los centros de detención. Para lograrlo, el bloqueo no solo afectará a la línea telefónica, sino también al código IMEI (identificador del aparato) y al IMSI (asociado a la tarjeta SIM), impidiendo que el equipo siga funcionando incluso si se le cambia el chip.
Claves del nuevo esquema federal.
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Ventanilla única: El Ministerio de Seguridad Nacional centralizará todos los reportes de los penales provinciales y será el único organismo encargado de ordenar la inhabilitación directamente a las empresas de telecomunicaciones. Las jurisdicciones locales no podrán gestionar los bloqueos por cuenta propia.
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Plazos estrictos: Tras recibir la notificación formal del Gobierno nacional, las operadoras de telefonía tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar la baja del equipo y de la línea.
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Carga diaria de datos: Las provincias adheridas deberán subir cada día a un servidor federal los archivos estandarizados (en formato CSV) con los códigos IMEI e IMSI detectados en zonas restringidas, organizados según la empresa prestadora.
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Zonas de custodia para autorizados: El protocolo exige la creación de áreas de guarda fuera del alcance de la detección para los teléfonos de agentes penitenciarios, abogados, magistrados y personal diplomático o de control.
Con esta normativa, la Subsecretaría de Articulación Federal coordinará la implementación técnica con los ministerios provinciales. El nuevo protocolo busca unificar la estrategia de seguridad e intensificar el cumplimiento de la Ley 24.660, extendiendo a las cárceles provinciales el control estricto que se venía aplicando en el Servicio Penitenciario Federal.
Redacción: Nova Comunicaciones.
