La Decisión Administrativa 20/2026 asigna partidas para el plan de retiros voluntarios ANSES y aumenta el tope para juicios previsionales.
El Gobierno reformuló el Presupuesto 2026 y destinó partidas para los retiros voluntarios ANSES, además de reforzar fondos para juicios previsionales y reordenar partidas en distintos organismos. La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial y abre una puerta al programa que ofrece compensaciones a empleados que acepten extinguir su vínculo laboral.
Qué cambios hizo el Gobierno en el Presupuesto 2026.
La modificación fue dispuesta mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El texto incorpora planillas anexas que explicitan los cambios presupuestarios y pasos administrativos para ejecutar las reasignaciones de recursos durante el ejercicio fiscal en el plazo previsto.
El Gobierno lanzó en marzo, por la Resolución 68/2026, el programa conocido como “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad. La aprobación final de cada caso queda sujeta a la evaluación del organismo competente.
El plan ofrece una compensación equivalente al 90% de una remuneración por cada año de servicio, con un límite de 24 haberes brutos. El pago se instrumenta en un único desembolso cuando el monto no supera $80 millones; si lo excede, la indemnización se pagará en dos cuotas mensuales, según lo previsto por la resolución.
Además, la Decisión Administrativa dispone incrementar el límite para la atención de obligaciones previsionales en $500.000 millones, hasta alcanzar un total de $712.288 millones, destinado a cubrir “sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa”. La medida busca dar respuesta a fallos pendientes de pago de manera inmediata.
El texto también ordena rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades, como parte del reordenamiento requerido para financiar las nuevas partidas.
En paralelo, se introdujeron cambios en el presupuesto del Consejo de la Magistratura con el objetivo de garantizar su normal funcionamiento y cubrir gastos operativos esenciales y mantenimiento institucional.
La decisión administrativa remarca que fue dictada en uso de las facultades previstas por la normativa vigente para efectuar modificaciones presupuestarias durante la ejecución anual.
La medida busca encuadrarse en el marco legal vigente y evitar cuestionamientos formales sobre la potestad del Ejecutivo para reasignar partidas en el corto plazo.
