La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, declaró “persona no grata” a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios en la embajada iraní.
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, declaró este jueves “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires y ordenó que Mohsen Soltani Tehrani abandone el país en 48 horas. El comunicado oficial fue difundido por la cartera de Relaciones Exteriores y replicado en su cuenta institucional.
La decisión diplomática del Gobierno sobre Mohsen Soltani Tehrani.
El texto del gobierno no precisó públicamente las razones detrás de la medida. El ministerio informó a través de un comunicado y un tuit institucional que la decisión se adoptó en el marco de la política exterior vigente, sin mayores detalles. La expulsión implica la revocación del privilegio de permanecer como representante diplomático.
Declarar a un diplomático “persona non grata” es una herramienta reservada para casos que el Estado considera incompatibles con la presencia oficial. Aunque Argentina no detalló motivos, la medida representa un quiebre en las relaciones con Irán y podría derivar en una respuesta oficial de la misión iraní en Buenos Aires.
El funcionario afectado, Mohsen Soltani Tehrani, cumplía funciones como encargado de negocios tras la ausencia de un embajador titular. Su designación y trayectoria no fueron explicadas por la Cancillería en el comunicado, que se limitó a informar la decisión ejecutiva y el plazo de 48 horas para su salida del país.
Pablo Quirno decidió que abandone el país dentro de 48 horas.
La Cancillería, según el comunicado oficial, pidió la partida en ese lapso y no añadió más precisiones públicas hasta el momento. Voces diplomáticas consultadas por este medio señalaron que la medida puede responder a cuestiones de seguridad o conducta, aunque esas fuentes no fueron citadas en el anuncio gubernamental todavía.
El plazo de 48 horas para que el diplomático deje el país es una práctica habitual en expulsiones de personal extranjero. La medida puede acelerar gestiones consulares y administrativas, y marca un límite claro: si no cumple la orden, se podrían activar procedimientos migratorios y judiciales según la normativa vigente.
