Respuestas pendientes al Consejo Intersectorial de Salud.
La Dirección del Hospital Centenario y la concejal Guillermina Guastavino, autora del proyecto expresaron su preocupación por la pérdida del estado parlamentario y buscan reimpulsar su tratamiento.
Transcurrido un año y medio del inicio del camino recorrido por la iniciativa presentada por la edil Guillermina Guastavino, el Concejo Deliberante no avanzó en el tratamiento del Consejo Intersectorial de Salud Gualeguaychú [CISG], ámbito donde se plasmarían las políticas públicas de salud a partir de un consenso entre sus actores estatales y privados; las obras sociales; entidades intermedias como ACLER, FEMER, Colegios Médicos y la voz del propio ciudadano.
Desde la Dirección del Hospital Centenario, el Dr. Hugo Gorla, expuso su preocupación por este “olvido” respecto de un aspecto central para que la sociedad, hoy movilizada en tornos de cuestiones socio-sanitarias como el número de pacientes con enfermedades de alta incidencia mortal o temas ambientales.
En esa línea, la concejal Guastavino confirmó que la iniciativa perdió estado parlamentario, sin embargo, expresó que “este proyecto y el de Consejo de Seguridad son dos temas que, frente a las exigencias sociales, comienzan a tener protagonismo nuevamente. Estoy esperanzada en que próximamente se trate y se vote”.
Este retraso va en contra de dar respuestas a la comunidad, ya que -de existir- el CISG sería el espacio que tendría que coordinar determinadas metas a alcanzar para mejorar los procesos asistenciales con herramientas modernas, en beneficio de su población.
Recordemos que el CISG sería “un sistema de salud local, equitativo, eficaz y efectivo que llegue a todos, superando la fragmentación y falta de coordinación que actualmente existe, para hacer eficiente los recursos humanos y económicos tanto del Municipio como de los diferentes efectores de Gualeguaychú”, describe Gorla.
Un diagnóstico difícil.
Sin embargo, a más de un año del lanzamiento de la propuesta que aún no fue debatida en el recinto creció la complejidad por múltiples factores:
-En primer lugar, la amenaza que significa la implementación de la Cobertura Universal de Salud en los términos que se ha propuesto desde el Gobierno Nacional, con claro sesgo de mercantilización y restando derechos a los pacientes;
-A su vez, la abultada deuda económica de los prestadores de segundo nivel y obras sociales como PAMI que interrumpen durante meses la atención de especialidades a afiliados de carácter muy vulnerable;
-Prepagas privadas con menor incidencia en el mercado por migración de usuarios, despidos laborales, etc.;
-Cerca de un 40 por ciento de la población sin cobertura de salud, que se vuelca a la red local del subsistema público tanto provincial y municipal, sea el Hospital Centenario y los Centros de Atención [CAPS];
-Sanatorios y clínicas temerosos de nuevas denuncias de mala praxis y aquejados por la reducción de ingresos que toman como decisión derivar pacientes, con o sin obra social y a veces sin necesidad clínica específica, a los hospitales para que les aseguren un tratamiento hasta su alta;
-Empresas de ambulancias de emergencia que solicitan asistencias en traslados o colaboración en prestaciones de rutas debido a que no cuentan con una flota de móviles en condiciones mecánicas óptimas;
-La dificultad palpable de encontrar médicos para cubrir las guardias, sobre todo en especialidades como anestesiología, terapistas, neonatología y pediatría. Se compite con otras ciudades -como Buenos Aires, Concepción del Uruguay y Concordia- por ese recurso humano y, dicha escases, fomenta una disputa válida por mejores salarios de los profesionales.
Salud, sin respuestas.
Ante este diagnóstico, la concejal Guillermina Guastavino coincidió con Gorla y reconoció que “desde el vamos planteé darle un tratamiento adecuado al proyecto con el tiempo que sea necesario y consensuando con todas las partes que intervienen en la salud de nuestra comunidad”.
“Desde la presentación, hemos tenido la posibilidad de reunirnos y escuchar la palabra de los efectores públicos provinciales como el Centenario y los Centros de Salud Baggio y Franco, como así también con el Colegio Médico que se mostró muy interesado en el proyecto y lo está evaluando”.
Pasados 18 meses desde su planteamiento en el Concejo, “el proyecto no se siguió tratando porque esa fue la voluntad de la mayoría de los 13 concejales. A fines del año pasado, perdió estado parlamentario”, sostuvo Guastavino, al tiempo que ratificó que “a principios de 2018 pedí que su reflote, por lo que el proyecto se encuentra para su próximo tratamiento en la Comisión de Conjuntas. Es una exigencia social con protagonismo fuerte. Tengo esperanzas en lograr que avance hasta su votación en el cuerpo”, finalizó.
