The Court ordered that a former minister return millions of pesos to the State of Mendoza.
Se trata de la exministra de Cultura de Mendoza, Marizul Ibáñez. El Tribunal de Cuentas la había emplazado a devolver 1.6 millones de pesos en el año 2015 y ella había judicializado la causa. La Corte falló en su contra y ratificó el accionar del órgano de control.
Luego de años de litigio, la Suprema Corte rechazó esta semana la demanda que había iniciado la exministra de Cultura Marizul Ibáñez contra el fallo del Tribunal de Cuentas que la emplazaba a devolver 1.6 millones de pesos por irregularidades detectadas durante su gestión. En concreto, se determinó que existieron sobreprecios en la contratación de una agencia de turismo que se encargaba de traer artistas, gastos duplicados, irregularidades e inconsistencias en los cachet de artistas. Por todo ello, la exfuncionaria del gobierno de Francisco Pérez deberá hacer frente a los cargos que le había formulado el órgano de control.
El fallo de la Suprema Corte lleva la firma de la jueza Teresa Day y del juez Pedro Llorente. No fue firmado por Omar Palermo por encontrarse en uso de licencia. Específicamente, los magistrados avalan cada uno de los puntos del trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas y desestiman los planteos que presentó Marizul Ibáñez.
La exfuncionaria esgrimía que no había sido notificada sobre el fallo y que no había tenido posibilidad de defenderse porque las notificaciones llegaron al ministerio luego del cambio de gobierno. Para sus defensores eso vulneraba “su efectivo derecho a una adecuada defensa material, anulando toda posibilidad de descargo frente a tal acusación, lo que luego fue referido en el fallo como ‘falta de justificación’”.
En este sentido, Ibáñez denunciaba que “el Tribunal de Cuentas sabiendo que los funcionarios habían dejado sus cargos y que existía una nueva gestión, no utilizó los medios y mecanismos a su disposición para lograr las explicaciones correspondientes y que los supuestos responsables presentaran la documentación respaldatoria y su versión de los hechos”.
Pero además de ello, sostenía que en el caso de que hubiesen existido irregularidades no le correspondía a ella controlarlas sino a otros funcionarios de la cartera. Al margen de ello, intenta justificar en esta instancia el por qué de los supuestos sobreprecios detectados por el Tribunal de Cuentas.
“Explica que cuando quien solicita el servicio es el Estado, quien no es reconocido como buen pagador, más aún por los problemas que presentaban las arcas públicas en el momento, quienes se presentaban a la licitación buscaban resguardar sus intereses para el caso que debieran financiar por largo tiempo al pagador o que este fuera moroso”, se puede leer en el fallo de la Corte.
Además, sostiene que los precios que se pagaron en concepto de pasajes y alojamientos de artistas para eventos determinados fueron altos por “la proximidad de la contratación en el pasaje, disponibilidad y demás aspectos que hacen a los precios en tal materia y su comparación, al igual que la de hospedaje y que generan grandes modificaciones en ellos minuto a minuto”.
A eso agregaba que “eran cautivos de resoluciones nacionales y provinciales que obligaban a contratar con Aerolíneas Argentinas, en un sistema monopólico que luego desapareció”. Por todo ello, la exministra de Cultura demandó al Tribunal afirmando que estaba “siendo privada de los derechos individuales, en especial el derecho de defensa y ello repercutiría claramente en su patrimonio”.
Sin embargo, la Suprema Corte no le dio lugar a sus planteos y confirmó lo actuado por el Tribunal de Cuentas por lo que la exfuncionaria deberá hacer frente al cargo formulado por 1.6 millones de pesos, a valores del 2015.
Las contrataciones irregulares.
Además de irregularidades en el control de pago de artistas para verificar si efectivamente habían prestado servicios, el Tribunal de Cuentas puso bajo la lupa diversas contrataciones de servicios a una empresa de turismo llamada Saint Germain SRL. En concreto, detectaron sobreprecios por más de 1 millón de pesos al momento de la contratación de vuelos y otros servicios.
IBÁÑEZ JUNTO AL EXGOBERNADOR FRANCISCO PÉREZ.
Por ejemplo, en el año 2015 la empresa cobró 399 mil pesos por el traslado aéreo de un reconocido músico desde México hasta Argentina mientras que un año más tarde, tras el cambio de gestión de gobierno, la misma empresa cobró solo 160 mil pesos para traer al mismo músico desde el mismo lugar.
Según el fallo 16.798 para el Tribunal de Cuentas lo observado demuestra la contratación por montos muy por encima de los valores de mercado, que fueron abonados por el Ministerio en relación al servicio de transporte aéreo de pasajeros y algunos alojamientos.
Otra observación que se hizo es que para eventos culturales se contrataban artistas a través de asociaciones a las que les pagaban el cachet, pero luego no había forma de comprobar si se estaba pagando por servicios que no se prestaron. “Esto obedece a que como resultado de la auditoría se detectaron pagos por servicios distintos a los que figuraban en los contratos, las pruebas de cumplimientos de control resultaron negativas, dado que se carece de documentación y la designación de los contratados a través de las asociaciones podría ser discrecional”, confirmó la Corte.
Por todo ello, se rechazó la denuncia de la exfuncionaria y lo mismo ocurrió con Fabián Ariel Wünkhaus, encargado de Compras del Ministerio de Cultura al que el Tribunal de Cuentas le formuló cargos por 599 mil pesos.
IBÁÑEZ JUNTO AL EXGOBERNADOR FRANCISCO PÉREZ.
