El organismo busca que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise la aplicación del nuevo régimen penal a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo.
La Defensoría Oficial de la Ciudad de Buenos Aires elevó un recurso extraordinario de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño revise la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La presentación, efectuada por el defensor Emilio Capuccio ante la Cámara de Apelaciones, busca llevar el debate a la máxima instancia judicial porteña y fijar postura sobre la norma que establece la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años.
El planteo surge tras el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Penal y Contravencional —integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza—, que resolvió revocar una resolución de primera instancia impulsada por la jueza Laura Beatriz De Marinis. En su dictamen original, la magistrada había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un joven de 14 años imputado en una tentativa de robo y había dispuesto su sobreseimiento.
Un caso testigo en Palermo.
El caso que originó la controversia judicial ocurrió el pasado 10 de septiembre en el barrio de Palermo. Un hombre de 47 años advirtió a efectivos policiales que era perseguido por un grupo de jóvenes. La rápida intervención de los agentes frustró el presunto delito, convirtiendo este expediente en el primer caso concreto en poner a prueba la constitucionalidad y alcance de la nueva legislación.
Los argumentos contrapuestos.
La controversia judicial gira en torno a dos visiones sobre la aplicación de la política criminal juvenil:
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El criterio de la jueza de primera instancia: De Marinis argumentó que el menor se encontraba fuera del sistema educativo y atravesaba graves dificultades de alimentación. Consideró que someterlo al proceso penal resultaba regresivo y estigmatizante para su situación particular, aclarando que su fallo respondía únicamente al caso concreto y no a la vigencia general de la ley.
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La resolución de la Cámara: La alzada dejó sin efecto el sobreseimiento y apartó a la magistrada al interpretar que había adelantado criterio. El camarista Ignacio Mahiques sostuvo que el fallo de origen no demostró una contradicción real entre el artículo 1 de la Ley 27.801 y la Constitución o los tratados internacionales, catalogando la postura de la jueza como una crítica personal a la política criminal fijada por el Congreso. En tanto, el juez Fernando Franza advirtió irregularidades en el procedimiento y afectación al debido proceso.
Con la apelación de la Defensoría Oficial, el debate ingresa ahora en una fase decisiva. El Máximo Tribunal porteño deberá sentar jurisprudencia sobre el alcance y la constitucionalidad de la responsabilidad penal a partir de los 14 años en la jurisdicción capitalina.
Redacción: Nova Comunicaciones.
