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El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos por inflación de las asignaciones familiares y la AUH

El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos por inflación de las asignaciones familiares y la AUH

Por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una medida orientada a modificar el esquema de actualización de la Seguridad Social: la eliminación del mecanismo de movilidad automática que rige sobre las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A través del artículo 17 de la iniciativa enviada por el presidente Javier Milei al Congreso, el Oficialismo propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Dichos apartados son los que garantizan formalmente que los montos cobrados a través de la ANSES —así como los rangos y topes de ingresos del grupo familiar— se reajusten todos los meses de forma directa según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La propuesta repite el antecedente registrado durante la discusión del Presupuesto 2026. En aquella oportunidad, la intención de desacoplar estos beneficios de la inflación mensual fue desestimada tras el debate en las comisiones parlamentarias, manteniéndose la indexación automática dispuesta para las prestaciones previsionales.

De aprobarse el proyecto sin cambios en las cámaras legislativas, las actualizaciones mensuales quedarán sin efecto y los incrementos futuros pasarán a fijarse de manera discrecional por parte del Ejecutivo. La decisión afectará de forma directa a un universo superior a los 9 millones de beneficiarios. Entre ellos se destacan los 4,1 millones de niños y adolescentes cubiertos por la AUH, además de los titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), Maternidad, Prenatal, Ayuda Escolar Anual y los pagos por Nacimiento, Adopción y Matrimonio.

El debate comenzará en el Congreso tras el reciente reajuste del 2,11% aplicado por la ANSES sobre los topes del sistema de asignaciones (CUNA/SUAF), que fijó los límites máximos para cobrar el beneficio en $3.157.449 para ingresos individuales y en $6.314.898 por grupo familiar. La definición de la norma determinará si los cobros sociales conservan su garantía frente a la inflación o retornan a un esquema de aumentos dictaminados por el Gobierno.

Redacción: Nova Comunicaciones.

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