La Justicia analiza sumar al decomiso el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en una nueva etapa de la Causa Vialidad.
La Justicia avanza en una nueva etapa del decomiso de bienes en la Causa Vialidad y evalúa incluir el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La Justicia apunta al departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
Tras ordenar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
El inmueble integra el nuevo listado que preparan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para presentar ante el tribunal. En esta segunda etapa, los fiscales apuntan a bienes registrados a nombre de sociedades vinculadas a los imputados. Dentro de ese grupo aparece el departamento adquirido por la familia Kirchner en 2010 por unos 370 mil dólares, aunque formalmente registrado a nombre de Hotesur, sociedad investigada por lavado de activos.
La defensa sostiene que la propiedad no puede ser incautada porque fue cedida a Máximo y Florencia Kirchner, también propietarios del hotel Los Sauces, otro bien incluido en el decomiso. Sin embargo, los fiscales afirman que el departamento fue comprado con fondos provenientes de maniobras ilícitas, por lo que encuadra dentro de los criterios del fallo de condena.
El rol de la Corte Suprema y los bienes en disputa.
Tras la resolución del Tribunal Oral Federal N.° 2, los bienes decomisados quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá inventariarlos, tasarlos y definir su destino. El proceso, que recaerá en los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, podría prolongarse varios meses e incluir decisiones de alto impacto político y judicial.
La Corte deberá determinar si las propiedades, entre ellas el hotel Los Sauces, valuado en cerca de 15 millones de dólares, serán reutilizadas con fines sociales o subastadas. La defensa podría presentar recursos que dilaten los plazos. El fallo que ordenó el decomiso recordó que los condenados fueron “beneficiarios de los efectos del delito” y que impedir que “la conducta ilícita rinda beneficios” es un principio central del derecho penal argentino.
Con el avance sobre el departamento de San José 1111, la Justicia abre una nueva fase que podría incorporar más propiedades vinculadas a los condenados.