La decisión de aprobar el uso de la fuerza quedará en manos del ministro de Defensa, Carlos Presti, y será considerada como último recurso.
El Gobierno nacional dispuso un esquema especial de seguridad aérea para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, habilitó el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo que sean declaradas hostiles en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba.
Qué establece el decreto sobre el derribo de aeronaves hostiles.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1334/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma amplía las Reglas de Protección Aeroespacial aprobadas en 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA.
En los fundamentos, el Ejecutivo señaló que las actividades del Sumo Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján reunirán a numerosas autoridades nacionales y extranjeras, además de una gran cantidad de ciudadanos. Por ese motivo, consideró necesario establecer medidas especiales para proteger los intereses vitales de la Nación.
El decreto define como acto hostil un ataque armado o el uso, o la amenaza inminente de uso, de una aeronave como arma contra la vida de las personas, los intereses vitales del país o sus objetivos estratégicos. Entre los indicadores que pueden llevar a esa calificación se encuentran la presencia de armamento y una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque, incluso después de recibir advertencias.
Quién podrá autorizar el uso de la fuerza durante la visita del Papa.
La aprobación expresa del derribo quedará en manos del ministro de Defensa, Carlos Presti. El decreto establece que esa facultad será indelegable y que se aplicará únicamente en las zonas restringidas y durante el período previsto para el operativo. De todos modos, el presidente Milei podrá retomarla en cualquier momento.
En el texto, el Gobierno justificó esa decisión por la velocidad de los medios aéreos y la cercanía de los objetivos, que pueden obligar a resolver una situación de riesgo en cuestión de minutos. Según el decreto, los plazos para decidir sobre el uso de la fuerza podrían reducirse a escasos minutos.
