¿Se viene la denuncia penal ante la Justicia Federal Electoral con cautelar de inmovilización de fondos para evitar que los entreguen a los legisladores para contratos de ñoquis durante el 2022?

La denuncia sería ante la Justicia Federal, tomando en cuenta lo actuado por el juez Alonso en la causa «contratos truchos», y los últimos fallos de la Dra. Servini.

Teniendo en cuenta lo resuelto por el juzgado federal a cargo de Daniel Edgardo Alonso en la causa denominada de los “contratos truchos”, actualmente remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dirimir si se trata de un caso de competencia federal o provincial, se podrían derivar consecuencias impensadas por el oficialismo y realmente sorprendentes.

El argumento central para desplazar la competencia provincial fue que la finalidad de los fondos públicos con los cuales los presuntos autores según los fiscales acusadores habrían “saqueado” las arcas del estado” era electoral.

A partir de allí, un grupo de abogados y abogadas disidentes de la conducción de Alejandro Canavessio (recientemente reelecto como Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, con muy buenos vínculos con Rosario Romero) estaría por interponer una medida cautelar para evitar por esa vía que los fondos (3500 millones de pesos) sean afectados a los contratos de ñoquis en el presupuesto 2022. Entienden que les asistiría razón, “porque es evidente que tienen como finalidad la campaña electoral 2023”.

Aportaron como otro argumento adicional, siempre pidiendo extrema reserva, otros antecedentes que son reiterados fallos de la Justicia Federal, como por ejemplo el recientemente dictado por la Jueza María Servini que dejó en suspenso el pago de un bono de $15.000 a artistas que apuró el Ministerio de Cultura de la Nación y otro un bono de $5.000 que se le iba a brindar a jóvenes a través del programa Más Cultura Joven.

Formalizarían, de prosperar la iniciativa, una cautelar dentro de una denuncia “a los responsables” (no aclararon si se trataban de integrantes del Poder Ejecutivo o también del Poder Legislativo) por la comisión del supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y exacción ilegal de fondos con fines electorales, y lo harían en la Justicia Federal (juez electoral ).

Acompañarían como prueba de sus dichos, las “irrazonables diferencias de montos de presupuesto del año pasado y el de éste, que no superan un test de constitucionalidad”, y estarían recolectando diversas notas periodísticas.

Agregaron que “estamos estudiando la cuestión. Mucho mejor es prevenir que curar. Tenemos el deber cívico de hacerlo, evitar el saqueo del Estado, en resguardo, sobre todo, de los más humildes. No hay que llorar después sobre la leche derramada. No podemos esperar que tengamos otra causa por contratos truchos en la provincia y que demoremos diez años para investigar.”