Presentaron un proyecto para quitarle los planes sociales a quienes cometan delitos durante piquetes

They presented a project to remove social plans to those who commit crimes during pickets.

El mismo fue redactado por Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos. La medida incluiría a quienes corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público.

Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos, presentó un proyecto de ley para quitar los planes sociales a las personas o agrupaciones que durante los piquetes corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público.

“Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso, presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes”, escribió Castello en su cuenta de Twitter.

En su primer artículo, el proyecto de ley propone que toda prestación económica por parte del Estado será suspendida para “el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas”.

El legislador de la Coalición Cívica expuso en los fundamentos que las organizaciones sociales “no dudan en violar múltiples derechos constitucionales de millones de argentinos que se ven impedidos de trabajar, estudiar, atenderse médicamente, realizar trámites o vacacionar”.

Asimismo, Castello argumentó que “la cantidad de piquetes, como se conoce a las interrupciones totales o parciales de la vía pública, ascendió a la escalofriante suma de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media. Nuestra provincia de Buenos Aires encabezó este triste ranking con 1269 piquetes en el año, uno cada siete horas.”

“En los últimos años, muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país”, argumentó el diputado provincial, aunque reconoció que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.

El proyecto incluye que se revierta la suspensión si existe una reparación para las víctimas de los piquetes. “Si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”, indica.