Concern in the Social Development administrators after Stratta’s statements.
Los cheques se cobraban en procuración a favor del secretario de Stratta, falsificando las firmas de los supuestos beneficiados por los subsidios.
Entre los empleados administrativos y de tesorería del ministerio de Desarrollo Social hay gran malestar y preocupación por los movimientos que se van dando tras la denuncia por el otorgamiento de subsidios a personas fallecidas.
Es que en una entrevista pública, la vicegobernadora Laura Stratta, ex titular de la cartera en cuestión, esquivó la responsabilidad al omitir declarar quién autorizaba el otorgamiento de los subsidios, y apuntó contra el personal administrativo y de tesorería.
Es por ello que hoy hay gran preocupación entre quienes se desempeñan en esas áreas, que según pudo saber este Portal son Silvina Bordet (no sería familiar directo del gobernador, es oriunda de San Salvador), y anteriormente Isabel Romero, Bruno Armándola y Darío Schel.
Este último llegó de la mano del solanismo al Copnaf, luego de haber sido funcionario del municipio de Paraná durante la gestión de Julio Solanas. Desde el Copnaf fue llevado por Marisa Paira a Desarrollo Social y hoy está al frente del área administrativa del ministerio.
Hoy por hoy toda esa área transita un gran malestar por las declaraciones de la vicegobernadora, que buscó despegarse de la situación.
Hasta el momento lo que se sabe es que los subsidios se depositaban directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o que se pagaban mediante un cheque, si el adjudicatario no estaba bancarizado.
Los cheques llevan la firma del tesorero del ministerio, y se entregaban en mano de Joaquín Oñativia, que según la vicegobernadora era contratado del ministerio, recibía los cheques de parte de la tesorería, en lugar de otorgárselos al beneficiario directo del subsidio.
La vicegobernadora omitió confirmar eso, pero es lo que se conoce en el ministerio, aunque no se sabe por qué se le confiaban los cheques a un contratado en lugar de a su adjudicatario.
La gran duda que queda es si Oñativia recibía los cheques porque tenía un negocio con el tesorero o si este se los entregaba porque recibía una orden de arriba, de muy arriba en el ministerio, para dárselos sin mayores recaudos.
Quedaba también la incertidumbre acerca de cómo se cobraban estos cheques, que salían como no a la orden.
Lo que pudo saber este Portal es que se habrían falsificado las firmas para realizar los endosos “en procuración a favor de…” y que una determinada persona pudiera cobrarlos.
De ese modo, concurrían a la ventanilla del banco para cobrarlos, pero esto no se puede hacer si quien concurre no tiene cuenta en el banco, requisito necesario para poder extraer el dinero.
De este modo, Oñativia, o quien concurriera a cobrarlos, debería tener una cuenta en el banco, el cajero aceptaba el cheque y lo depositaba en la cuenta bancaria de quien se presentaba.
Sin embargo, el mecanismo del banco es que los cheques en procuración se debían depositar en la cuenta del favorecido pero llamativamente se lo pagaban en el momento luego de una breve triangulación
Para esto, necesariamente se requiere la complicidad del cajero y del banco en sí, ya que se trata de una operación imposible de realizar sin que pase inadvertida.
De esta forma, con un complejo mecanismo que involucra a funcionarios y autoridades bancarias, se llevaban la plata de la gente humilde para comprar dólares, viajar al exterior u organizar fiestas majestuosas.
Una buena forma de blanquear y de brindarles a los entrerrianos la transparencia que estos reclaman es dar a conocer el listado completo, con nombre, apellido y DNI de los beneficiarios de los subsidios y por qué monto era cada uno.
Cabe recordar que se estima que solo en 2018 se otorgaron estos supuestos subsidios por más de 7 millones de pesos, que en ese momento eran casi 300 mil dólares, un número nada menor.
Se estima que todo el proceso de solicitud de los subsidios también era falsificado y que hay personas que figuran como beneficiarias que nunca lo tramitaron, y mucho menos lo cobraron.
Hoy los entrerrianos requieren saber la verdad acerca de este fraude y negociado que se realizó con los fondos destinados a otorgar una ayuda a los más humildes, a quienes no pueden llevar un plato de comida a sus hijos, a quienes quieren empezar un emprendimiento, comprar un medicamento o, de alguna manera, necesitan la ayuda del Estado para mejorar su calidad de vida.
Lejos de eso, el negociado de la pobreza, tan lamentablemente recurrente en esta provincia, sirvió para que unos pocos se llenen los bolsillos.
Hoy por hoy, a nivel nacional se aprueba por ley un impuesto a la riqueza, una bandera de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández y los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa, con el fin de sacarle a los que más tienen para darles a quienes más necesitan.
En tanto, en Entre Ríos la contracara durante un gobierno peronista es sacarle al que realmente necesita para dárselo a funcionarios que se hacen millonarios con el negociado de la pobreza.
La vicegobernadora Laura Stratta, en lugar de dar respuestas y hacerse cargo de la situación que ocurrió durante su gestión en el ministerio de Desarrollo Social, evadió la responsabilidad y busca inculpar a otros.
