Rodríguez Signes evaluated the work done in the State Attorney’s Office.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, destacó el trabajo realizado durante 2018. En este sentido recordó que el organismo representa al Estado en juicio, es decir, la defensa en juicio de los derechos e intereses del patrimonio provincial.
“Este año hemos logrado desactivar el juicio más importante de los últimos 50 años, que medido en pesos superaba los 3.500 millones”, resaltó Rodríguez Signes. Se trata de la demanda interpuesta el año pasado por la gobernadora de Buenos Aires quien reclamaba la quita del techo de 650 millones de pesos correspondiente al Fondo del Conurbano Bonaerense, congelado desde 1996.
En esta misma línea, en septiembre la Corte Suprema de la Justicia de la Nación emitió una resolución en referencia a la causa “Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”, en la que se rectificó por desistida a la provincia de Buenos Aires del juicio y se aprobó el Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017. “Esta confirmación de desestimación por parte de Buenos Aires en esta demanda fue sumamente crucial para nuestra provincia, ya que de haber prosperado implicaba la erogación equivalente a una masa salarial de todo un año del sector público”, señaló el fiscal de Estado.
Sobre la capacitación.
En referencia a la capacitación, se continuó con una política activa de formación para los empleados del Estado a través de la Escuela de Administración Pública de Entre Ríos (Eaper), dependiente de la Fiscalía de Estado.
Se lanzó en marzo del 2018 la carrera de Especialización en Derecho Administrativo, organizada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Fcjys) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esta carrera, que tiene el aval de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), es muy significativa para los agentes públicos, ya que por primera vez se realizó en Entre Ríos y además contó con el incentivo de becas para el cursado, superando las expectativas del número de inscriptos.
Asimismo, desde octubre de este año se está ejecutando el curso de posgrado de Actualización en Derecho Civil y Comercial para la abogacía del Estado, también organizado en conjunto con la Fcjys de la UNL.
Más acciones.
A principios de este año, Rodríguez Signes fue reelecto por sus pares para continuar en la Vicepresidencia del Foro Federal Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina, órgano que nuclea a todos los fiscales del país, cargo que ocupa desde 2016.
En referencia a la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, conforme a su reglamento orgánico que consiste en sustanciar todos los sumarios administrativos e informaciones sumarias a que den lugar las conductas de los agentes y funcionarios de la administración pública, existió un incremento sustancial en la cantidad de expedientes ingresados en 2018, en comparativa con años anteriores.
Así, se encuentran sustanciando 180 sumarios administrativos, algunos de los cuales ya se han culminado y fueron elevados a la Comisión Asesora de Disciplina para dictamen de su competencia, mientras que otros, continúan en trámite.
Por otro lado, se encuentran tramitando 42 informaciones sumarias, la cuales una vez que se terminan de sustanciar, pasarán a dictaminar al Departamento Asesoría Letrada.
Esta Dirección, por disposición orgánica, cuenta con un defensor oficial que se encarga de la defensa técnica de todos los sumariados que no poseen abogado particular, representado al 80 y/o 90 por ciento de las defensas de los encartados que comparecen a ejercer sus derechos.
Con respecto a la Comisión Asesora de Disciplina, se destaca la reducción de la morosidad de causas, emitiéndose los dictámenes de competencia dentro los plazos legales, lo que contrasta con la situación de años de atraso que se daba en años anteriores.
La temática de las causas llevan mucho más tiempo para su resolución, habida cuenta de que se trata de procesos en los cuales se investigan ilícitos disciplinarios desplegados a los fines de defraudar al Estado, como también la aparición cada vez con mayor frecuencia de cuestiones vinculadas a probables delitos sexuales, o bien situaciones en las que los imputados llevaron adelante conductas que merecen varios achaques disciplinarios en forma conjunta y paralela, lo que también torna más intrincada su resolución.
La Unidad de Control de Inmuebles se ha dedicado a materializar la defensa del patrimonio estatal en lo concerniente a los inmuebles, defensa que tiene a su cargo el fiscal de Estado conforme la manda constitucional del 209 y que se lleva a cabo desde el organismo. Sobre principios de año se logró tomar posesión de dos lotes de las Islas Lechiguanas que habían sido declaradas lesivas sus ventas y fueron judicializados y que se encuentran en una ubicación estratégica para la provincia por su cercanía al Puerto Ibicuy.
Estas acciones puntuales son parte de todo un esquema de trabajo en la defensa y contralor de los inmuebles estatales, por los cuales también se han formulado denuncias penales en varios lugares de la provincia donde se toma conocimiento de una ocupación indebida, continuando con la intervención en todos los procesos de usucapión que se plantean en los estrados judiciales conforme las acordadas del STJ.
Por otra parte, el Consejo de Tasaciones evaluó respecto a 2017 un incremento de trabajo en un 20 por ciento complejizándose las temáticas. Ingresaron en el año 260 expedientes y se emitieron 273 resoluciones con valuaciones de temática variada, como canon de alquileres, intervención en juicio, expropiaciones, valuación de propiedades inmobiliarias, valuación de bienes móviles y servidumbres de electroductos, entre otras.
