La Corte confirmó la condena de Boudou por el caso Ciccone y quedó a un paso de volver a prisión

De esta forma el ex vicepresidente está a un paso de volver a la prisión. Para que esto ocurra, la fiscal de ejecución Guillermina García Padin deberá pedir que Boudou vuelva la cárcel y el que deberá resolver sobre la cuestión es el juez Daniel Obligado, el mismo que en mayo le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria. También podría ocurrir que el magistrado lo decida sin necesidad de que la fiscal se lo pida.

Boudou había sido condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En abril pasado le fue otorgada la domiciliaria por la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Ahora que la condena está firme de toda firmeza, el magistrado ordenaría que el ex vicepresidente vuelva a prisión al revocar el arresto domiciliario. Es que sin el principal argumento por el que lo había sacado de la cárcel, es complejo que el juez encuentre otro motivo para sostener esa condición de detención.

Además de rechazar los recursos presentados por la defensa de Boudou, la Corte tampoco hizo lugar a los pedidos del ex socio del ex vice José María Núñez Carmona; el anterior dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el asesor de Boudou en el ministerio de Economía, Guido Forcieri.

El caso Ciccone investigó la maniobra por la cual Boudou y su amigo Núñez Carmona presionaron a los hermanos Ciccone para quedarse con su imprenta, y de inmediato obtuvieron por parte de la AFIP comandada por Ricardo Echegaray un inmejorable plan de pago para las deudas fiscales que habían asfixiado a sus anteriores dueños.

Sin demasiadas explicaciones, la Corte descartó de plano los recursos de Boudou contra su condena, por lo que a partir de este jueves 3 de diciembre su pena queda firma. La misma ya había sido revisada pro la Cámara de Casación.

En este caso, Boudou fue hallado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.