De acuerdo con la reconstrucción judicial, el sospechoso habría formado parte de una estructura delictiva más amplia y el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal. Testimonios incorporados a la causa señalan que los asesinatos habrían sido ordenados como venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes.

El pedido de ampliación se fundamenta en el Tratado Bilateral de Extradición entre Argentina y Perú y busca respetar el principio de especialidad, que impide juzgar a una persona extraditada por delitos no incluidos expresamente en el requerimiento original.

En forma simultánea, el juzgado solicitó a las autoridades peruanas la remisión anticipada de los elementos secuestrados al momento de la detención del acusado, en particular teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, para avanzar con peritajes forenses. El trámite se canalizó a través de los mecanismos de asistencia jurídica internacional previstos en convenios regionales.

La causa continúa en etapa de profundización investigativa en el fuero federal, con varias personas detenidas y otras prófugas, bajo la hipótesis de que los femicidios se produjeron en un contexto de criminalidad organizada vinculada al narcotráfico y la violencia de género.