Mientras hay funcionarios con dos o tres sueldos, agentes de salud se tuvieron que encadenar para que el Estado les pague

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While there are officials with two or three salaries, health agents had to chain themselves so that the State pays them.

El propio Estado provincial cuenta con empleados en negro que cobran muy por debajo de la línea de pobreza y totalmente expuestos al coronavirus, en la tierra del gobernador y de una gran parte del funcionariado provincial.

Una gravísima denuncia llega desde el Hospital Masvernat de Concordia, en donde aseguran que el Estado provincial tiene varios trabajadores en negro.

Estos empleados, algunos con una antigüedad superior a los seis años, sostienen que desde hace tiempo esperan que se les regularice su situación laboral, algo que las autoridades les vienen prometiendo, sin cumplir.

Es por ello que este miércoles, cinco trabajadores se encadenaron en las instalaciones del nosocomio, para exigir la tan esperada estabilidad laboral que les vienen postergando, pero afirman que la indiferencia de parte de las autoridades es tal que ni siquiera el director del Hospital se acercó para saber qué ocurría.

Aseguran también que el sueldo que cobran mensualmente estas personas apenas llega a los 15 mil pesos, muy por debajo de la línea de pobreza y sin ningún tipo de cobertura médica, al punto tal que lo definen como la esclavitud del Siglo XXI.

Además, afirman que los trabajadores en negro, al igual que el resto del personal sanitario, están muy expuestos al contagio del coronavirus por la falta de insumos, y que algunos ya se contagiaron.

El hecho se da nada más ni nada menos que en Concordia, la tierra del gobernador Gustavo Bordet; del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; del presidente del bloque de senadores justicialistas, Armando Gay; del senador nacional Edgardo Kueider; y de una gran parte del funcionariado provincial, aunque actualmente la mayoría reside en la zona más top de Paraná.

Este año, ante la falta de respuesta del gobierno provincial, personal sanitario de Concordia se movilizó hasta el domicilio particular del gobernador en aquella localidad, exigiendo también en aquella oportunidad que se regularizara la situación laboral de los trabajadores de limpieza del Masvernat.

El hecho de que el gobierno provincial tenga trabajadores en estas condiciones en un hospital público se contradice fuertemente con la situación de personas que cobran dos sueldos del Estado, sumando cifras altísimas.

El caso que se conoció esta semana es el de Claudio Moreyra, quien figura como funcionario del Senado, con un sueldo de más de 123 mil pesos, y del IOSPER, donde cobra alrededor de 60 mil.

La situación salió a la luz y compromete seriamente al titular de la obra social, Fernando Cañete, y al Senado de la provincia, que preside la vicegobernadora Laura Stratta, porque ambos organismos le pagan a una persona cuyas funciones se desconocen y que ya contaba con otro sueldo estatal, algo que está penado por la ley y sobre lo cual hay antecedentes de condenas, como el caso de la nuera de la ex senadora nacional Elsa Ruiz Díaz.

Por otra parte, la provincia tiene trabajadores en negro en un hospital público aunque se hicieron resonantes anuncios sobre las inversiones en salud pública, que en lo concreto no se ven.

La pandemia por el coronavirus fue la excusa que encontró el gobernador Gustavo Bordet para ejercer un fuerte ajuste sobre los trabajadores y jubilados, con el argumento de volcar más fondos al funcionamiento del Estado provincial y al sistema sanitario.

El colapso de los centros de salud y hospitales durante el pico de contagios de covid, la falta de insumos para el personal médico y la situación de trabajadores en negro en el sistema sanitario, ponen de manifiesto que las publicitadas inversiones no fueron tales.

Es evidente que los fondos de la ley de Emergencia fueron a parar a los gastos de la política y no a las inversiones necesarias.

Por ejemplo, en apenas un día, la provincia llamó a licitación por más de 50 millones de pesos para pintar una pared de Casa de Gobierno y para refaccionar oficinas.

Además, el ministerio de Producción de Juan José Bahillo compró en plena pandemia y con todo parado dos camionetas 4×4, el Consejo General de Educación adquirió una 4×2, el Senado un automóvil cero kilómetro y, la UADER otro, aunque en ninguno de los casos está claro para qué.

Tampoco se detuvieron con la pandemia y la grave crisis económica y financiera de la provincia los nombramientos y designaciones, y el gobierno provincial continuó ampliando su ya exorbitante planta de funcionarios incorporando, por ejemplo, a la hija de una ministra en Enersa.

En tanto, trabajadores en negro del Estado provincial tuvieron que encadenarse en el nosocomio para lograr nada más ni nada menos que regularizar su situación laboral.

Se trata de personas que tienen más de 60 años y más de 6 de antigüedad, con lo que a la brevedad deberían acogerse al sistema jubilatorio, a pesar de que por su irregular situación laboral no cuentan con los aportes necesarios.

El Estado provincial, una vez más boicotea al ya deficitario sistema previsional, y, peor aún, a los trabajadores de un hospital público, en plena pandemia.

Una vez más, surge la pregunta, ¿dónde están los fondos de la Ley de Emergencia?

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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