El organismo cuestionó los peritajes realizados en el caso, desestimó que existieran sobreprecios y dijo que en 2017 se debió haber desistido de la querella al no tratarse de un caso de lavado de dinero. La vicepresidenta participó por Zoom.
El juicio oral y público a la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude por el supuesto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez entró este lunes en su etapa final con los alegatos contra los acusados.
En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF) -la primera en emitir su alegato- pidió la absolución de la vicepresidenta Cristina Kirchner al cuestionar las pericias que se realizaron en el caso, asegurar que no se acreditaron delitos y sostener que no hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras en favor del empresario Lázaro Báez. La vicepresidenta participó por Zoom.
“El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido. Una pericia concluyó que no hubo sobreprecios. Por lo tanto, ni la pericia oficial ni la de la fiscalía pudieron revertir sus fundamentos”, señaló el abogado de la UIF a cargo del alegato.
Y agregó: “Escuchado los peritos y analizados sus dichos nos quedaron dudas sobre los cálculos realizados. Se han generado dudas sobre los precios de plaza, la composición de los ítems”.
Desde la llegada del kirchnerismo al poder, tanto la UIF como la Oficina Anticorrupción – que desistió de la querella- dieron un giro de 180 grados respecto a su postura sobre el caso y se alinearon con los argumentos de las defensas.
Para la UIF, quedó descartada la conformación de una asociación ilícita. Justamente a Cristina Kirchner se la acusa de ser la jefa de esa asociación que habría defraudado al Estado al direccionar millonarios contratos al empresario K Lázaro Báez.
La UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner en el juicio por corrupción de la obra pública.
En el inicio del alegato, el abogado Diego Duarte a cargo del alegato de la UIF, señaló que el organismo debió en 2017 haber desistido de su rol como querellante al asegurar que en el caso no se investigan delitos de lavado de dinero. Todo una señal sobre cuál será la definición final de este organismo.
El reinicio del juicio -que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2- se produce en medio de un clima enrarecido luego de que se confirmara que la semana pasada se vulneraron los sobres lacrados con la información sobre el patrimonio de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
La UIF es la única querellante, ya que la Oficina Anticorrupción (OA) decidió – poco más de un mes atrás – no acusar a Cristina Kirchner.
El organismo que conduce Juan Carlos Otero había pedido postergar para agosto el inicio de los alegatos del juicio. El planteo fue que el organismo es el primero en alegar y que por lo complejo y voluminoso de la causa se necesitaba más tiempo, pero el tribunal integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazó el pedido.
Para muchos se trató de una medida que solo buscaba dilatar el inicio del proceso.
La actividad se reanudará el 1 de agosto con los alegatos del fiscal Diego Luciana, que tendrá nueve audiencias para exponer las evidencias en contra de los acusados y definir si pedirá condenas o absoluciones.
Qué se investiga en la causa Vialidad, que involucra a Cristina Kirchner.
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La investigación de la causa Vialidad, que involucra a Cristina Kirchner, se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
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La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
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En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
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El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
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Según la acusación, hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.
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De acuerdo a las acusaciones, hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.
