Víctimas fatales, un fraude al erario público de $249 millones (U$S 30 millones), reconocidos públicamente por el Gobernador pero no lo denuncia penalmente

Difunde en las redes

Fatal victims, a fraud to the public purse of $ 249 million (US $ 30 million), publicly recognized by the Governor but not criminally denounced.

El mandatario, como cualquier otro funcionario, está obligado a denunciar en la Justicia la toma de conocimiento de delitos en ejercicio de su cargo más aún cuando se trata de una de las causas de corrupción en su gestión que mayores perjuicios han traído, sin embargo no lo hace.

“Voy hasta el hueso”, fue la frase utilizada por el propio gobernador Gustavo Bordet cuando el Portal de Ricardo David se comunicó privadamente para anoticiarlo de una de las mayores causas de corrupción en la Provincia sucedidas en su gestión.

Corría el año 2018, y el mandatario se comprometía así a combatir hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga, por las graves irregularidades cometidas en la realización de una multimillonaria obra pública, la Ruta 38, la cual se había pagado y sin haberla inaugurado ya presentaba un deplorable estado.

La ruta se licitó en el 2015 y se empezó a ejecutar un año después, ya transcurrida su primera gestión, una vez que la empresa había culminado los trabajos y cobrado por ellos, presentaba severas roturas.

La cuestión excedía cualquier tipo de irregularidad con la obra pública cometida en la Provincia, a diario llegaban partes por parte de los medios de comunicación de San Salvador, Ubajay y demás zonas de influencias de la 38 cuando cuentan de víctimas fatales en accidentes ocurridos `presumiblemente por el estado de la carretera.

El compromiso de Bordet contra la corrupción fue solo una proclama, debieron transcurrir dos años para que en un acto público que encabezó el presidente de la nación, Alberto Fernández, para que el mandatario provincial hiciera una mención al respecto.
No fue cualquier declaración, una más que podría dar un gobernador, todo lo contrario. Sus manifestaciones son graves y dan cuenta de la ausencia total de transparencia como también de cierta complicidad con la corrupción que tanto daño le provoca a la Provincia, al menos esto se interpreta.

Un mandatario que reconoció –si, así como lo leen los lectores- no solo la existencia de victimas fatales, esto es, personas que perdieron la vida por el estado de la ruta, sino también, y más gravoso aun, que tiene pleno conocimiento de la ocurrencia de un hecho ilícito en la ejecución de la obra pública que demandó 249 millones de pesos (en el 2017, cuando se pagó, unos 30 millones de DÓLARES), es decir, la existencia de corrupción, y, no obstante este conocimiento, no lo denunció penalmente.

“Esta es una ruta que cuando asumí la gestión, ya estaba deteriorada. Planteamos a la empresa, mañana, en la última audiencia de conciliación, que si la empresa no rehace la Ruta Provincial 38, vamos a realizar una denuncia penal para los empresarios. Incumplieron en todo y la verdad es que no se puede trabajar así. Reconozco y he estado transitando, acá el acceso a General Campos, es una demostración de ello. Pero si los empresarios en la próxima semana y mañana que es la última audiencia de conciliación, no rehacen la ruta que es lo que corresponde, porque hicieron mal la base, no pusieron los centímetros que correspondían en la base y eso constituye un fraude, no la rehacen, le vamos a hacer una denuncia penal por el fraude que cometieron. Y también, obviamente, los accidentes de tránsito que han costado vidas humanas”, advirtió este jueves por la mañana, en declaraciones al medio Noticias y Hechos de San Salvador.

La desidia del mandatario es palpable, al menos respecto de la corrupción, como bien se lee, no solo reconoce, ratifica, la existencia de un ilícito, sino que, incluso hasta se anima a encuadrar los hechos en una figura penal, esto es, habla del delito de “fraude”, no de otro.
Razón le asiste, existió fraude, el Estado entrerriano pagó por una obra mal hecha. Pero como la expresión lo indica, el hecho ilícito sucedió tiene existencia en el pasado, no encontrando razones más que cierta connivencia –inferida- para que el mandatario pretenda “disponer” de la activación de una instancia en la justicia penal.
Las leyes provinciales son claras al respecto, un funcionario que tome conocimiento de la comisión de un ilícito en el ejercicio de su cargo, está obligado a denunciar, más aun si se trata de la máxima autoridad entrerriana.

Por otro lado, y resulta, extremadamente llamativo, que en sus declaraciones omite deliberadamente mencionar la responsabilidad de los funcionarios públicos en la obra pública irregular.

Es sabido que, como cualquier hecho de corrupción, al menos esta figura que expresamente menciona Bordet, fraude, necesariamente requiere de dos sujetos, el privado, el empresario que ejecuta la obra y al cobro, y, por el otro, los funcionarios que certifican y pagan la misma.

No se puede cometer el fraude, en este caso a la administración pública provincial, sin la necesaria participación de ambas partes, el público y el privado.
Estamos hablando puntualmente de 249 millones de pesos (30 millones de dólares en el 2017) que la empresa percibió por una obra que al ínfimo tiempo no se podía transitar, pero que fue certificada por personal de Vialidad que tuvo que haber realizado inspecciones para pagar las etapas de la obra, como también, de la firma de las autoridades de la cúspide que, en virtud de dicha certificación, libraron la orden de pago.
Sin embargo, y a pesar que demostraron en sus declaraciones un conocimiento acabado del tipo de delito que se trata, el gobernador, obligado a denunciar, solo advierte, y apunta exclusivamente a los privados generando una serie de presunciones o especulaciones respecto de su procedencia.
Insistimos, hace al menos dos años que estaba en conocimiento de las irregularidades, este Portal viene exponiendo cada una de las víctimas que han perdido la vida producto de la irregularidad, ahora demuestra un acabo conocimiento de cada uno de estos puntos, sin embargo, no lo denuncia, nunca lo ha hecho.

La pregunta obligada no puede ser otra que la referente a ¿a quién protege el mandatario con sus declaraciones y con su inacción de recurrir a la Justicia?
Hay que recordar que tanto en la licitación, como en la ejecución, dos fueron las máximas autoridades en la obra pública entrerriana, un ya sospechado de enriquecimiento ilícito, ex presidente de Vialidad, Juan Carlos Lallana, y un ministro que quedó salpicado en varios escándalos, que recientemente fue corrido de su cargo para cumplir funciones en la Cafegs y CTM, el ex titular de la cartera de obras públicas, Luis Benedetto.

En el medio de los, es decir, entre el privado y estas máximas autoridades, lógicamente existieron varios funcionarios de menor jerarquía que permitieron el pago a pesar de que las condiciones pactadas en los materiales y calidades no se cumplieron, sin embargo, estos no actúan sin la veña y la firma de la cúspide.
Funcionarios que llamativamente son apartados en la búsqueda de responsables por un gobernador que, en una de las causas de corrupción más graves de la provincia, tampoco actuó a pesar del deber legal.

Fuente: el Portal de Ricardo David.


Difunde en las redes

Comentarios

comentarios