sáb. Ago 15th, 2020

Tres sueldos, incompatibilidades, camuflajes en los ingresos para burlar la ley, lo que deja las 44 nuevas designaciones “solidarias” de Bordet

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Three salaries, incompatibilities, camouflages in income to circumvent the law, which leaves Bordet’s 44 new “solidarity” appointments.

El clamor popular ya resulta incontrolable para el Gobierno Provincial, no hay troles, ni millonarias contrataciones en publicidad que valgan para apaciguar los ánimos y la rabia que existe en la sociedad entrerriana a la que ajustan para seguir con el despilfarro del aguantadero de cargos políticos.

El pasado miércoles este Portal exponía sobre nuevas designaciones realizadas por el Gobierno provincial que conduce Gustavo Bordet, la inmediata respuesta de la sociedad entrerriana que se anoticiaba de estos nombramientos fue la rabia, indignación y gran descontento.

No es para menos, hacia una semana que la Legislatura de la provincia había aprobado en tiempo record la ley de ajuste que tendrá implicancias mayúsculas en trabajadores y jubilados de la provincia.

Plan de ajuste, o más bien “saqueo” que empezó en enero y que afectó, no solo a los estatales, sino a todos los entrerrianos, con el terrible impuestazo dispuesto pro Bordet en el inmobiliario y automotor.

Mientras en aquella oportunidad también se le exigía a los ciudadanos “solidaridad”, Bordet no le daba respiro a su lapicera suscribiendo designaciones a mansalva en distintas reparticiones estatales, y si el cargo estaba ya cubierto, tampoco se hacía problema, recurría a las figuras por el denominadas “coordinadores” o “articuladores” o, incluso, términos como “observatorio”.

Lo grave de la cuestión es que la crisis económica y financiera ya se había manifestado durante su primer periodo por su propio despilfarro de costear sus compromisos políticos y sociales con socios, amigos y parientes y hasta de socio, amigos y parientes de aquellos socios, amigos y parientes iniciales.

No había forma de que el Estado no colapse si no le aflojaban a las firmas de designaciones y contrataciones innecesarias, superfluas, producto de su insaciabilidad y compra-venta de favores, como también de sus más cercanos.

De solo comparar los presupuestos de los distintos ejercicios en los que condujo la provincia, surge manifiesto como Bordet fue acrecentando los fondos de áreas que no le reportan un solo beneficio a los entrerrianos.

Las consecuencias si hicieron palmarias cuando se estableció la crisis sanitaria en la Provincia por la pandemia: no había respiradores, no había barbijos, no había un solo insumo de salud,, los hospitales estaban destruidos, y, lo peor, el personal que debe afrontar cualquier contingencia sanitaria era “negreado” por el propio Gobierno.

A la fecha, ninguna de estas cuestiones, a pesar de “las importantes inversiones” que el Gobierno sostiene haber realizado por la pandemia, se ha resuelto.

Sigue sin haber insumos, los médicos, enfermeros y demás sanitarios continúan precarizados y los hospitales y centro de salud continúan en estado deplorable, los lectores deberían ver las condiciones que actualmente presenta el área de oncología del San Martín que fue mudada por la pandemia.

Tras cuatro meses de aislamiento –más allá de las habilitaciones- el conjunto de los entrerrianos sabe, conoce, que el Gobierno provincial ha sido incapaz de implementar alguna política pública para paliar el desastre que te provocando la imposibilidad de trabajar o la merma en el trabajo en las actividades privadas.

En cuatro meses el Gobierno de Bordet no ha ayudado económicamente a ningún ciudadano que hoy no puede trabajar por la pandemia.

Tampoco se han visto distribución de alimentos para los más vulnerables, los pobres e indigentes que ya eran pobres e indigentes y ahora lo son aún más.

No existen políticas públicas para aminorar los terribles efectos de la pandemia para hoteleros, comerciales, gastronómicos, profesionales liberales, el campo, absolutamente ninguna.

Cuatro meses en donde les bajó los ingresos a todos los estatales, eliminándole las horas extras, adicionales y demás plus que pagaba, no por lo que los términos indican, sino para publicitar y difundir que era una de las provincias que mayores sueldos pagaba.

En aquel momento este Portal publicaba que los datos oficiales, por los cuales el Gobierno pagó también para difundir, -porque toda difusión es a base de millonarios fondos públicos- eran una farsa.

La careta oficial se cayó definitivamente con la pandemia y el aislamiento, encontrando la excusa perfecta el Gobierno para disminuir estos ingresos y dejar al 80% de los estatales por debajo de la línea de la pobreza.

Cuatro meses donde la lapicera de Bordet, a pesar de estos pedidos de “esfuerzos colectivos”, continuó designando a mansalva y con contrataciones insólitas, millonarias todas estas.

El punto más álgido de estas manifiestas contradicciones fueron las 44 designaciones nuevas de manera concomitantes con el ajuste.

Porque más allá de que el propio Gobierno haya salido a desmentir a través de funcionarios, e incluso que haya motorizado el ejército de troles pagos y ejecutado las contrataciones millonarias en publicidad oficial, para la sociedad entrerriana la sentencia es inconmovible “Bordet saquea a los trabajadores, jubilados, contribuyentes y privados para continuar con su despilfarro, la corrupción”.

Porque no deja de ser un acto de corrupción el malgasto, la mala administración de los fondos públicos, una que indigna aún más en el actual contexto donde todos los entrerrianos la están pasando mal.

Contra este sentir popular, de un pueblo que está enojado, no hay troles y contrataciones millonarias en pauta que valga.

Contrataciones en publicidad que, por cierto, son objeto de investigación penal por gravísimas y groseras irregularidades que vinculan al propio gobernador, a su extremo hombre de confianza en su época de secretario general de la gobernación, el hoy senador nacional, Edgardo Kueider, y las funcionarias de la comunicación oficial, Maricel Bursco y Mariela Teruel, más conocidas como “las maris”.

Más aun cuando existen indicios concretos de que el decreto de las 44 nuevas designaciones fue antedatado, porque los entrerrianos saben que en estos cuatro meses, en consonancia del sistema corrupto de Bordet, aquellos nombramientos indignantes no fueron publicados en el Boletín Oficial.

Pero estas designaciones desnudan algo más, que sustentan asimismo la corrupción tan enquistada en la gestión provincial.

Del listado de los 44 nuevos coordinadores, varios de los beneficiarios presentan severas irregularidades, todas estas denunciadas por lectores del Portal una vez que se publicó la nómina.

Hay casos de flamantes coordinadores con varios sueldos del estado, un ejemplo de concreto, según denunciaron a este medio, sería el del Sr. Héctor Gregorio Barreto.

Su nombre fue expuesto por sus propios vecinos de Nogoyá. Proveniente del sector del ex legislador, delincuente confeso, José Ángel Allende, tendría tres sueldos estatales, uno provente de Vialidad, repartición por excelencia si de corrupción se habla, estimando que el mismo no baja de los 100 mil pesos mensuales, otro sueldo como presidente de junta de gobierno y otro, aún más reciente, como coordinador de junta.

Seguramente los troles muy bien pagos por el Gobierno o incluso funcionarios de esta gestión, en defensa de Bordet, saldrán a decir que la presente es una “fake news”, atacando a Portal, sosteniendo que el sueldo como coordinador de juntas no existe porque es un cargo ad honorem.

Es más, sacaran a relucir el propio decreto de designación donde expresamente se establece la gratuidad de la función.

Sin embargo, como suelen hacerlo, omitirán manifestar de las maniobras que perpetran para seguir detrayendo dineros públicos para pagar compromisos.

En el caso puntual de los coordinadores de juntas, la retribución se disfraza, se camufla para burlar la ley, con la denominación “movilidad”.

Es lo que hace este Gobierno para garantizarle a sus cercanos que más allá de las incompatibilidades legales, percibirán altas sumas de dineros públicos, porque la ley se hace para desconocerla, parece ser esa la premisa.

Siempre encuentran algún vericueto para hacerlo, en el caso de los coordinadores de juntas con un sueldo escondido en equivalente a “nafta súper”.

Algunos, los más jocosos, dicen que no hay que sorprenderse si empiezan a parecer decretos de Bordet con el equivalente en litros de cerveza, vino y bebidas espirituosas afines, en virtud de los costosas que se han convertido las misma, lógicamente, de las primeras marcas, no de precios cuidados.

Es más, algunos ya hablan de  son varios los funcionarios que se encuentra articulando para modificar su remuneración a estos equivalentes, pero exigiendo que la conversión se realice en combustible para aeronaves.

Más allá de la jocosidad, lo cierto es que estos 44 coordinadores de juntas implican un desembolso anual de 23 millones de pesos.

Imagínense que tan cuantiosa es la cifra que la Provincia podría pagar el bono que tanto prometió y que nunca cumplió, de 5000 pesos a 4600 médicos, enfermeros y demás personal sanitario.

Porque la cuestión es simple y sencilla: estos 44 coordinadores de juntas, cuya función propiamente dicha resulta totalmente innecesaria por la existencia de otra figura establecida (presidente de junta) cobran mensualmente más que un médico o medica en funciones en cualquiera de los efectores provinciales.

En el caso  de las coordinaciones de juntas, se trata de casi 50 mil pesos, a los cuales se suman, algún que otro sueldo y/o contrato que perciban del Estado, como ponen de ejemplo en Nogoyá, los 100 mil pesos de Vialidad más lo que percibe como presidente de junta.

La ilegalidad en los ingresos también se otorga con la propia función, la pregunta que hay que hacerse es ¿para qué designar como coordinador de junta cuando ya existe un presidente de junta?, y lo que es peor ¿Cuál es la necesidad de embestir a la misma persona en coordinador y presidente de junta a la vez?

La unica respuesta posible es detraer fondos públicos para destinar a compromisos políticos asumidos.

¿Cuál es la función de un coordinador de junta? Dirán que “articular, gestionar, intervenir” ante el Gobierno provincial  en beneficio de la localidad que representa, pero si esto es así, entonces qué sentido tiene tener presidentes en cada una de las juntas de gobierno de la provincia.

Son tareas propias del presidente de la junta, lo cual desnuda que son cargos sin ningún sentido, 44 puestos políticos que no hacen absolutamente nada, porque su función la debe realizar la autoridad de la localidad.

La expresión que se encuentra ara estas designaciones nuevamente nos remontan al pago de los compromisos políticos. Así como el Gobernador no puede imponerle funcionarios a las autoridades locales, han encontrado esta forma con las coordinaciones para seguir nombrando, en este caso a amigos y cercanos,  en dichas localidades.

Pero, abonando a la innecesaridad de las designaciones, fíjese el lector que incluso existen más coordinadores que juntas en varias de las localidades.

Y para hacerlo no importa si la ley lo prohíbe, las denominaciones “movilidad”, “viáticos”, “honorarios”, “gratificaciones”, sirven sobremanera para sortear los imites legales y pagar más de un sueldo, aunque con otro nombre.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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