sáb. Feb 27th, 2021

Tras la amenaza con el juicio político a los camaristas Benedetto y Ceballos, fallaron a favor de Laura Stratta

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Following the threat of impeachment to chambermaids Benedetto and Ceballos, they ruled in favor of Laura Stratta.

Protección: Stratta sigue sin aclarar si la proveniencia del dinero que recibieron Castagnino y el PJ que la vicegobernadora preside para la campaña electoral 2019 de parte del condenado por lavado Herme Juárez.

Luego de haber sido amenazados con la realización de un juicio político en su contra, los jueces Oscar Benedetto y Norma Ceballos, acompañados por Rodolfo Jáuregui, dieron por la cabeza a la sentencia dictada por la jueza Gabriela Sione.

En aquel fallo, ejemplar para la libertad de prensa, la jueza rechazó los planteos realizados por la vicegobernadora Laura Stratta contra el periodista Ricardo David por una publicación de este Portal y entendió que “la información difundida está vinculada a un tema de interés público, como es la campaña política y su financiamiento, garantizado por la libertad de expresión prevista en el art. 14 de la Constitución Nacional y el art. 12 de la Constitución Provincial”.

Sin compromiso político alguno, la jueza Sione tomó contacto directo con la causa, se sentó cara a cara con ambas partes, tuvo frente a frente en la audiencia tanto a la vicegobernadora Stratta como al periodista Ricardo David, y escuchó los argumentos de ambos para fundar su sentencia.

La publicación en cuestión se produjo en un medio periodístico de opinión y se basaba en la información que circuló también en medios de comunicación rosarinos que daban cuenta de que en las escuchas telefónicas que la Justicia Federal realizó sobre el sindicalista portuario Herme Juárez se hablaba acerca de la entrega de dinero sucio para la campaña electoral de 2019 de Isabel Castagnino, por aquel entonces candidata a intendenta de Victoria.

Castagnino, en su momento era concejal y candidata a intendente, puesta por la presidenta del Partido Justicialista de Victoria, Laura Stratta, quien la impulsó y la llevó a la candidatura y, a su vez, iba como candidata a vicegobernadora de la provincia.

En el momento en que se hizo la publicación de este Portal, la causa del entonces intendente de Paraná, Sergio Varisco, aparecía en todos los medios locales y nacionales por haber recibido dinero y apoyo del narcotráfico para su campaña electoral.

Con marcados paralelismos entre ambas causas fue que la publicación de este Portal hablaba de Laura Stratta, conocida jefa política del departamento Victoria y de Isabel Castagnino.

Sería bueno, por la salud de las instituciones, que la vicegobernadora Stratta saliera a aclarar la proveniencia del dinero que recibieron su partido político y la campaña electoral de su protegida.

Sin embargo, lejos de ello, se inició una causa judicial contra un medio de comunicación.

Luego del fallo de Sione, los jueces Benedetto y Ceballos, en cambio definieron su postura desde las hojas de un expediente. Nunca escucharon personalmente a Stratta y a David, al menos con certeza sabemos que nunca lo escucharon a Ricardo David, de Stratta no podemos decir lo mismo.

En su carácter de vicegobernadora, Stratta integra tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, aquel que inició un juicio político contra Benedetto y Ceballos justo en el momento en el que debían definir su voto en la causa que involucraba a la oriunda de Victoria.

Además, Benedetto tiene a uno de sus hijos trabajando en la Legislatura y a otros familiares en el Estado provincial, que son de Victoria, y fue amenazado con un jury que podría terminar con su carrera, como le ocurrió a Carlos Chiara Díaz, por lo que es más fácil fallar a favor del gobierno.

Ceballos, por su parte, está designada en forma provisoria, y quien la tiene que confirmar es nada más ni nada menos que el Senado, que preside Laura Stratta, y si se le iniciara un juicio político tendría que dejar su cargo.

A pesar de ello, ninguno de los dos jueces se excusó, argumentando que por su situación no podrían actuar en una causa que la tiene como protagonista a la mujer más importante de la política provincial.

Cabe destacar que el pedido de juicio político contra Benedetto y Ceballos fue reflejado por numerosos medios de comunicación de la provincia, incluso por algunos que no suelen publicar temas judiciales.

El pedido de jury fue por no haber regulado bien los honorarios en una causa por un accidente de tránsito, algo muy llamativo ya que existen otras instancias para resolver este tipo de cuestiones, pero se optó nada más ni nada menos que por  el pedido de un juicio político.

En aquella oportunidad, la Asociación de la Magistratura mostró su preocupación por la injerencia que esto podría tener en la independencia de poderes y reivindicó “el compromiso con la independencia judicial interna y externa, garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”, y destacó que existían otras vías para el reclamo.

En igual sentido se expresó la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, quienes destacaron que “quien, en virtud de su cargo político, pretende influenciar, amenazar o amedrentar de cualquier manera la necesaria objetividad de los jueces al sentenciar, no hace otra cosa más que menoscabar los pilares básicos de la República y la Democracia concebida como forma de organización social y política”.

Entre los mentideros judiciales era conocido que ambos jueces ratificarían el fallo de Sione, información que habría llegado hasta la vicegobernadora, tras lo cual salió a la luz el pedido de juicio político contra los magistrados, en lo que muchos consideran una forma de amedrentarlos.

Evidentemente, Ceballos, que debe ser confirmada en el cargo por el Senado que preside Stratta, no se hubiera animado a fallar en contra de la vicegobernadora.

El pedido de juicio político hizo que los jueces que debían actuar en la causa contra Stratta priorizaran su tranquilidad y la de sus familiares, que podría verse afectada si el fallo que emitían era contrario a la mujer más importante de la política provincial, más allá de si la causa era justa o no.

Ceballos, Benedetto y Jáuregui no tuvieron en cuenta la numerosa jurisprudencia que existe en la Corte por causas similares.

Según consta en fallos previos, la Constitución Nacional protege no solamente las expresiones inofensivas sino también aquellas “formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios” (causa CSJ 755/2010 (46-S)/CS1 «Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios», sentencia del 1°de agosto de 2013; CSJ 498/2012 (48-D)/CS1 «De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios», sentencia del 17 de octubre de 2019, voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).

Se considera que, aunque puedan resultar expresiones perturbadoras e, incluso, hirientes, no constituyen insultos o vejaciones gratuitas aptos para generar responsabilidad.

También se considera que en informaciones “referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943). Estos principios son consistentes con el diseño de un estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”.

En este punto es importante remarcar que Stratta se sintió agraviada por una publicación de este Portal, pero en ningún momento proporcionó pruebas que demostraran la falsedad de la información publicada.

La vicegobernadora (y el fallo judicial) dedican decenas de páginas al análisis de una sola palabra (“aparece”), pero la mujer más importante de la política de Victoria y de la provincia nunca desmintió que el Partido Justicialista que ella preside y que llevaba a Isabel Castagnino como candidata a intendente de Victoria y a ella misma como candidata a vicegobernadora hubiera recibido dinero sucio para campaña electoral de 2019.

A caso dos años, Stratta jamás salió a hablar del tema, a pesar de que es un hecho que en su localidad tomó mucha relevancia, y la Justicia no lo tiene en cuenta. Ni siquiera Benedetto, que también es de Victoria, se interesó por investigar la proveniencia de aquel dinero.

Es más, para evitar que tuviera repercusión, emitieron el fallo favorable a Stratta a la última hora del último día antes de ingresar a la feria judicial, lo que lo hace aún más vergonzoso.

De acuerdo con la jurisprudencia, en un artículo crítico hacia el funcionamiento de una dependencia gubernamental y al desempeño de ciertos funcionarios públicos, quien se siente damnificado debe limitarse a constatar si la parte actora había demostrado que el medio periodístico supo o debió saber sobre los hechos, pero el eludir este análisis, como hizo Stratta, restringe inaceptablemente el espacio que es necesario para el desarrollo de un amplio y robusto debate público sobre temas de interés general y que ha sido garantizado por el art. 14 de la Constitución Nacional.

Esta causa será apelada ante el Superior Tribunal de Justicia y seguramente habrá presiones sobre los magistrados y sus intereses privados, pero hay que tener en cuenta que hay sobrada jurisprudencia acerca del tema.

Es importante recordar también que según sondeos que se han publicado en diferentes medios, el 82% de la ciudadanía no cree en la Justicia y la considera responsable y cómplice de la corrupción sumamente arraigada en el Estado.

Queda por ver si esta jurisprudencia supera la tranquilidad de los jueces que deberán decidir sobre el tema o si pesa más el miedo a un juicio político y a que se vea afectada la tranquilidad personal o de sus familiares que tienen trabajos en el Estado o negocios con el Estado.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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