Rechazo unánime del STJ al vericueto legal de Bordet y Paira para evitar informar a quienes les destinan los alimentos

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Unanimous rejection of the STJ to the legal by-pass of Bordet and Paira to avoid informing those who allocate the food to them.

Con el voto de la Dra. Claudia Mizawak y las adhesiones de los Dres. Daniel Carubia y Bernardo Salduna, el máximo órgano de justicia de la provincia denegó la maniobra del gobernador y la ministra tendiente a mantener su política de “transparencia cero”

El pasado 2 de agosto este Portal se hacía eco de una nueva maniobra del Gobierno para evitar dar cumplimiento a una sentencia histórica en Entre Ríos, un aporte enorme para la búsqueda de la tan esperada transparencia a la que se niegan los funcionarios y funcionarias de la actual gestión provincial.

Los hechos son conocidos porque son padecidos a diario por los ciudadanos y ciudadanas. Se produce una grave irregularidad, generalmente denunciada por los propios vecinos, que involucran fondos públicos y recursos públicos, y el Gobierno calla, no explica absolutamente nada, generándose presunciones y sospechas aún más fuertes sobre corrupción.

Una de las materias más sensibles donde se producen estas anomalías es generalmente con aquellos recursos que deben destinarse a los más vulnerables.

Hoy por hoy, la sociedad en su conjunto piensa, cree y hasta esta convencida que existe un negocio altamente lucrativo montado alrededor de la pobreza, puntualmente con los alimentos que adquiere el Estado provincial.

Razones le asisten, desde principios del año pasado empezaron a visibilizarse situaciones totalmente irregulares, rayanas a lo ilícito, respecto de esta política alimentaria, tanto con los comedores y merenderos escolares como también con los módulos.

Vecinos del barrio San Agustín, de calle Jorge Stearns puntualmente, denunciaban en aquella oportunidad el almacenamiento de toneladas de alimentos en un galpón en condiciones totalmente insalubres, los mismos estaban tirados en el piso, y las instalaciones, era notorio, no cumplía con ninguna de las reglas de higiene alimentaria.

El alimento, así dispuesto, con altas posibilidades de ser contaminado por la presencia de roedores o cualquier otro tipo de plagas, se destinaria al consumo humano.

El producto pertenecía al Ministerio de Desarrollo social, sin embargo, había sido acaparado por un sector político.

La gravedad del hecho revelado por este Portal provocó que la Justica intervenga, se dispuso un allanamiento, se constó la presencia de alimentos de desarrollo social, y lo que es peor, en el inmueble de condiciones muy precarias, como custodios de los mismos, habían funcionarios provinciales que en todo momento se comportaron como los dueños de los recursos estatales.

Y cuando que parecía que no podía empeorar, la propia Justicia allana supermercados de Paraná, determinando, constatando, la existencia alimentos de desarrollo social a la venta.

Productos que están prohibidos comercializar, en góndolas.

El negocio se hizo visible y el Gobierno callaba con complicidad.

La cuestión era extremadamente grave, de manera concomitante, desde distintos puntos de la provincia, personas con necesidades de comida, denunciaban, se quejaban y exponían que la cartera de desarrollo social no los proveía.

Cambió la conducción de la cartera, es decir, asumió Marisa Paira en lugar de Laura Stratta quien dejaba su cargo para emprender la vicegobernación, y la cuestión no mejoraba, la necesidad aumentaba y el Estado inerte, sin adquirir alimentos.

Tras varios meses en su puesto Paira emprendió las contrataciones y nuevamente se producían irregularidades en torno a su producido.

Productos alimentarios pagados como primera marca que no conocía absolutamente nadie, y, lo que se constituía en un escándalo, la adquisición de leche en polvo que elabora un empresario cordobés procesado por pertenecer a una banda que robaba este elemento tan esencial para niños y niñas desnutridos del Chaco, entre otras irregularidades que tenían como protagonistas el hambre de los as vulnerables.

En ninguna de estas oportunidades el Gobierno habló, nadie explicaba quiénes eran los destinatarios.

Ante la falta absoluta de transparencia se hizo necesario un pedido de acceso a la información pública ciudadano.

Sin embargo, el Estado no estaba dispuesto a dar los nombres de quienes son los destinatarios reales de los alimentos.

Frente a esta negativa ahora se hacía necesario un amparo, un derecho constitucional básico para cualquier democracia, esto es la publicidad de los actos de gobierno, conocer en que se gastan los fondos públicos y que hacen los funcionarios con los recurso públicos.

Esta historia también es conocida, el garbando y la ministra fueron condenados por la jueza Cecilia Bértora a informar los datos identificatorios de los destinatarios de todos y cada uno de los módulos alimentarios adquiridos.

Pero tampoco una condena judicial iba a cambiar una política tan arraigada en el gobierno provincial, esto es, el ocultismo y la complicidad.

De manera reticente y no acatando el fallo de la magistrada, apelaron, pero, pro un tecnicismo, lo hicieron mal, de manera extemporánea, el Superior Tribunal en principio lo advirtió, denegando el recurso.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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