Pidieron 10 años de prisión para el ex intendente Sergio Varisco acusado de financiar el narcotráfico

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They asked for 10 years in prison for former mayor Sergio Varisco accused of financing drug trafficking.

El fiscal José Candioti señaló al ex jefe comunal como “coautor” de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes.

El fiscal José Candioti pidió este lunes en un juicio oral que se condene a 10 años de prisión al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, como acusado de financiar el narcotráfico y una pena de 15 para el sindicado vendedor de cocaína Daniel “Tavi” Celis.

El funcionario público señaló a Varisco como “coautor” de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel y pidió que al ex intendente se le aplique una multa de 250.000 pesos, mientras que para los otros dos acusados, de 225.000.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, el fiscal requirió que “Tavi” Celis sea condenado a 15 años de prisión como “autor” de organizar y financiar la banda narco, y le fijen una multa de 300.000 pesos.

Para la fiscalía, Varisco realizó “un acuerdo en septiembre de 2017” con Celis en el que “se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar” la venta de drogas.

Por su parte, el ex intendente dijo al retirarse de los tribunales: “a mí no se me imputa consumo ni peculado, lo único que quedó es un financiamiento con Celis cuando estaba preso, pero eso es imposible, nunca lo hice”. Además consideró “una barbaridad” la acusación de la fiscalía y recordó que “no hay nada más que una testigo que supuestamente lo involucra”, por lo que dijo sentirse “muy confiado” en que será absuelto.

Sin embargo, en su declaración, Celis admitió que vendía cocaína y que trabajó en dos campañas de Varisco a cambio de “favores”.

Según relató, Varisco se comprometió a darle “40 contratos municipales y puestos en direcciones, subinspecciones o jefaturas y 200 programas sociales nacionales”. “Varisco también iba a aportar entre 30.000 y 50.000 pesos mensuales”, otorgarles “obras como construcción de jardines maternales y recambio de iluminación, y me iba a dar la dirección de la Unidad Municipal 2”, que aglutina 37 vecinales, dijo el acusado, pero “no cumplió con su palabra”.

En tanto, Candioti dijo que se trató de “una verdadera organización” dedicada a la comercialización de droga “a gran escala integrada por múltiples integrantes”. El fiscal detalló pruebas, escuchas, testimonios y elementos recabados durante la investigación que comenzó en 2017 con una llamada anónima a la Policía Federal alertando sobre un cargamento de marihuana.

Asimismo pidió ocho años de prisión y una multa de 15.000 pesos para los imputados Cristian Silva; Miguel Leguizamón; Sergio Baldi; Gaston De La Fuente y los hermanos Omar y Jose Ghibaudo y requirió la absolución de María Esther Márquez, curandera que ayudaba “espiritualmente” a los hermanos Ghibaudo, dueños del campo donde aterrizó una avioneta con 317 kilos de marihuana, y a Renzo Bertana, hijo “de corazón” de Celis.

Según la fiscalía, se está frente a la “organización criminal más importante” juzgada en Entre Ríos tenía como líderes a Varisco y a Celis que tenían un “acuerdo que excedía largamente lo político”, y entre ellos oficiaban de comunicantes funcionarios municipales.

El viernes pasado, al ampliar su indagatoria, el ex intendente aseguró ser inocente y que lo quieren “destruir políticamente” y recordó que durante la campaña en 2015 buscó recorrer “todos los rincones de la ciudad” y que fue en una de esas recorridas que conoció a Celis. “Nunca dije que no lo conocía. Me fue presentado, pero mi relación es política”, apuntó Varisco, tras lo cual negó tener vínculos “con la droga”.

Además, el ex intendente por Cambiemos negó “rotundamente haber hecho un acuerdo de financiamiento” con Celis, y destacó que es “agraviante, un desatino y un disparate”, porque “no hay pruebas ni escuchas” que lo incriminen y acusó a “funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad” por haber “hecho un informe sesgado y parcial”.


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