Oscura transparencia

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Dark transparency.

La ética y la transparencia del Gobierno de Entre Ríos, el incumplimiento de deberes de los funcionarios.

El gobierno de Entre Ríos lleva  21 meses – casi dos años – de gestión, y sigue ocultando la nómina de funcionarios que lo componen. La nomina de funcionarios y autoridades del estado entrerriano, debería haberse publicado enseguida de los nombramientos y debería actualizarse cada vez que se nombra, remueve o cambia un funcionario.

Pero en la República de Entre Ríos esto no es así. Lo {único que se ha informado a los entrerrianos son los altos cargos, es decir ministros y secretarios.  No hay nada concentrado, para obtener información hay que buscar  cual detective quienes son los que cobran del estado.  La ley de información publica y la información accesible, bien gracias. Todo eso en el gobierno de Entre Ríos, que se jacta de la transparencia.

Cada gobierno, cuando asume, está obligado a publicitar sus actos, sus políticas públicas, sus nombramientos. Esto hace a la democracia, la transparencia y al control de legalidad.

También deben publicarse los nombres de quienes estarán al frente de los organismos: ministros, secretarios, directores, coordinadores, asesores, TODOS. Sin distinción de si el cargo es alto, medio o bajo. TODOS.

Además, deben cumplir con ciertas pautas legales, sociales y morales.

Un  funcionario público es una persona que presta sus servicios a la Administración Pública, que durante el tiempo que está en funciones tiene una relación del tipo laboral con el estado. Es decir, empleado del estado del estado, de todos nosotros.

Se supone que quienes acceden a esos puestos deberían ser los mejores, los más capacitados. Los de más experiencia. En fin, eso es lo que debería ser.

También tienen algunas responsabilidades especiales, por ser funcionarios y por administrar los bienes del estado, los bienes de todos.

Esto quiere decir que los funcionarios están obligados a responder por las consecuencias de sus acciones, pero también de sus omisiones cuando su falta de acción – diligencia o control – derivan en posibles delitos.

Los gobernantes, sus ministros, secretarios de estado, y todos los que están en funciones, tienen que responder por las consecuencias de lo que hacen o dejan de hacer, y sobre todo si las consecuencias es por cosas que ellos mismos generaron.

También, y si hablamos de transparencia, tienen la obligación de informar, de dar  publicidad de los actos de gobierno y facilitar el acceso a la información pública.

Por supuesto  que rendir cuentas a veces significa dar  respuesta a preguntas incómodas, pero nadie obliga a otro a ser funcionario, se puede vivir de otra cosa y renunciar en cualquier momento.

Es fácil: si la información dada por los políticos fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría necesidad de exigir cuentas.

Conocidos son los hechos que se comentan en estos tiempos en la Fiscalía de Estado  de Entre Ríos, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Vice gobernación, en el Tribunal de Cuentas  de la provincia. En todos lados se comenta ¿Qué pasa con los subsidios de Stratta? ¿Qué pasa con los contratos de la legislatura? ¿Qué pasa con el posible delito que aun la fiscalía de estado no denuncio en donde hasta los muertos cobraron subsidios? ¿Qué pasa con que los funcionarios públicos no se someten a investigación y la fiscalía penal no investiga de oficio?

Se comenta en la Casa Gris si no hay incumplimiento de deberes de funcionario público de parte de quienes deben – por lo menos  – controlar, y si se dan cuenta que hay algo que es delito denunciar.

Los empleados se preguntan porque el fiscal de estado no ha denunciado en la fiscalía de tribunales a Oñativia y el pago/cobro de subsidios a personas fallecidas.

Se preguntan si es necesario hacer la denuncia o la fiscalía investigaría de oficio. Y si hace falta que alguien denuncie, dicen que hay varios voluntarios que se proponen para cruzar a lo del procurador García para iniciar la causa.

Hasta ahora, dicen en los pasillos de la casa de gobierno, mientras esté todo en manos de la administración pública – es decir en las del Fiscal de Estado – hay tranquilidad, pero temen que alguno de los “voluntarios” explote y haga una denuncia formal.

Si se hace la denuncia formal, esto obligaría a la fiscalía penal  a, no solo publicar la lista de beneficiados con los subsidios, sino también a citar a todos y cada uno de los que aparecen como que cobraron.

Hasta ahora, no solo no se han dado a conocer como sigue la investigación de la fiscalía de estado, tampoco se ha dado a conocer si el fiscal acertó la ventanilla y  – cumpliendo con sus deberes de funcionario público  – denuncio para la investigación penal.

Mientras tanto el gobierno de Entre Ríos lleva  21 meses – casi dos años – de gestión, y sigue ocultando la nómina de funcionarios que lo componen. La nomina de funcionarios y autoridades del estado entrerriano, debería haberse publicado enseguida de los nombramientos y debería actualizarse cada vez que se nombra, remueve o cambia un funcionario.

Pero en la República de Entre Ríos esto no es así. Lo único que se ha informado a los entrerrianos son los altos cargos, es decir ministros y secretarios.  No hay nada concentrado, para obtener información hay que buscar  cual detective quienes son los que cobran del estado.  La ley de información pública y la información accesible, bien gracias.

Todo eso en el Gobierno de Entre Ríos, que se jacta de la transparencia.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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