¡Menos mal que no es médico!: Bordet habla de la “salud” de las cuentas públicas, que están en coma y con respirador

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Luckily he’s not a doctor !: Bordet talks about the “health” of public accounts, who are in a coma and on a respirator.

El gobernador celebra de la “previsibilidad” que otorga el consenso fiscal aunque nadie sabe cómo será la salida de la Ley de Emergencia y el gasto político y la corrupción siguen creciendo, sostenidos por los recortes a los trabajadores y jubilados.

El gobernador Gustavo Bordet suscribió este viernes el Consenso Fiscal 2020 con el presidente Alberto Fernández, junto a sus pares de las demás provincias, en un acto del que también participaron los ministros Eduardo Wado De Pedro, del Interior, y Martín Guzmán, de Economía.

El mandatario afirmó que “significa tener previsibilidad en materia de ingresos para el 2021 después de un año realmente complicado por la pandemia”, explicó.

En ese marco, Bordet destacó que dada la “caída estructural de los ingresos públicos” durante 2020 a raíz de la pandemia, se modificaron las estimaciones previstas en el pacto fiscal de 2017 que “significaría una baja de ingresos para las provincias”. En ese contexto, el consenso fiscal arribado hoy por los mandatarios provinciales y el gobierno nacional “permite tener una estabilización para el año próximo”, afirmó.

“Esto no significa tener más ingresos, sino tener la previsibilidad de contar con los recursos y que no disminuyan. Por eso es tan importante para cumplir el presupuesto del próximo año en cada uno de nuestros distritos”, detalló.

El mandatario entrerriano puntualizó entre los objetivos del Consenso Fiscal lograr el “equilibrio financiero”, y recordó que “en Entre Ríos trabajamos mucho en ese sentido”. “Esto habla de la salud de las cuentas públicas”, sostuvo y advirtió que “encontrar ese equilibrio significa hacer más eficiente el gasto público y generar una estructura de ingresos previsible”.

Sin embargo, a pesar de esas palabras, la realidad que se ve en la provincia es muy distinta a la que predica el gobernador Bordet.

Lejos de achicarse, el gasto político ha aumentado considerablemente este último año, a pesar de la pandemia y de la Ley de Emergencia.

Es más, numerosos actos de corrupción han tomado estado público a lo largo de este año, y se generaron escándalos de gran magnitud.

El más reciente que se conoció tiene que ver con el IOSPER, luego de que este Portal publicara acerca de un funcionario de la obra social, recientemente nombrado interventor de la dirección de delegaciones, que cobra dos sueldos del Estado Provincial.

Se trata de Claudio Moreyra, que también es funcionario del Senado de la provincia, donde tiene un sueldo de más de 123 mil pesos, y otro de casi 60 mil en el IOSPER.

Por otra parte, en la obra social se conoció que el presidente, Fernando Cañete, la tomó como una agencia de colocación, ya que habría ubicado a una de sus hijas con categoría 1 en la delegación Colonia Avellaneda, a la otra en la de Gualeguaychú, y a su mujer como contratada. Además, Cañete habría designado a 15 personas que son oriundas de Santa Fe en la obra social.ç

Pero las irregularidades continúan, porque también se supo que uno de los máximos funcionarios del IOSPER tendría cinco geriátricos en la capital provincial, que se contrata él mismo y a los cuales la obra social les abona al día, algo que no ocurre con el resto de los prestadores, a los que se les deben varios meses y se rescinden convenios, lo que deja a los afiliados sin cobertura.

También la semana pasada se conoció una designación que causó una fuerte indignación por tratarse de la hija de una ministra, que fue nombrada en Enersa, con un suculento sueldo, mientras a los entrerrianos se les pide esfuerzo y se recortan los sueldos.

Por otra parte, la corrupción no se detiene en lo que respecta a la obra pública y siguen las sospechas de sobreprecios, por ejemplo, con los más de 50 millones de pesos que la provincia gastará para pintar una pared de Casa de Gobierno y refaccionar algunas oficinas.

Un caso emblemático al respecto es el de las rutas 38 y 39, que antes de ser inauguradas oficialmente ya estaban totalmente destruidas. La situación fue denunciada en la Justicia por un legislador y un intendente que llamativamente después no hablaron más del tema, y hoy la investigación está parada y tapada.

Además, el gobierno provincial tiene entre sus principales funcionarios a personas investigadas por hechos de corrupción, como la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, o el senador nacional Edgardo Kueider, ex secretario general de la gobernación de Bordet.

El actual legislador está siendo investigado junto con la secretaria de comunicación por el direccionamiento de pauta publicitaria oficial para un multimedio que se creó el día mismo de la asunción de Bordet, y que pertenece al reconocido financista Adrián Bruffal.

En Vialidad, en los primeros meses de la pandemia, mientras estaba todo aprado y no se realizaba ni una obra, se designaron funcionarios, como el vicepresidente, que, además, tuvo el tupé de pedirle a la provincia que le pagara el alquiler en Paraná en medio de la incertidumbre por el coronavirus.

El Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social es otro que da que hablar por los nombramientos en plena pandemia, como el de la sobrina del ahora ex diputado Diego Lara, que llegó al organismo cuando no estaban abiertas ni las quinielas.

Hablando de Lara, este miércoles asumirá con honores en el Tribunal de Cuentas de la provincia, el principal organismo de control del gobierno, a pesar de que él mismo se amparó en una ley de 1953 para negarse a responderle a un ciudadano que por las vías legales solicitó conocer el patrimonio de quien ocupa cargos públicos desde hace más de 16 años.

Volviendo al IAFAS, es el organismo que acordó con los empresarios de los casinos para bajarles el canon que deben pagarle a la provincia por explotar económicamente un grave flagelo como el juego, perjudicando los intereses de la provincia con millones y millones de pesos que deberían ir a la acción social y terminan en los bolsillos de los privados.

Se trata del mismo IAFAS que durante más de nueve meses les pagó más de tres millones de pesos en sueldo a dos funcionarios como Silvio Vivas y Guillermo Dubra, que ni siquiera venían a trabajar, y a los que además les paga el alquiler y todos los gastos.

Estos son los funcionarios que cedieron a la presión de los empresarios para reabrir las salas de juego, gran foco de contagio del coronavirus, mientras que los niños entrerrianos no pueden ni ir a la escuela, con todos los protocolos.

Lo más grave es que quienes se animan a sacar a la luz estos actos irregulares son perseguidos, atacados y castigados, y hasta se utiliza la Justicia para someterlos.

Bordet habló también de los beneficios del pacto fiscal para otorgar previsibilidad al presupuesto provincial del año próximo.

El gasto previsto para el ejercicio de 2021 es absolutamente indignante, ya que con lo que le cuesta un legislador provincial al Estado por mes, se pueden pagar los sueldos de 200 enfermeros y de 140 policías.

Además, con lo que la provincia gasta en la Legislatura para que diputados y senadores levanten la mano una vez por mes desde sus casas, se sustentan todos los comedores de la provincia, que sirven para paliar el hambre de las familias entrerrianas.

También se aumentará de manera descomunal el presupuesto destinado a publicidad, para que los funcionarios provinciales hablen de firma de convenios, de obras, de “articular”, y demás anuncios que los entrerrianos toman como pescado podrido, como promesas que no se cumplen.

Otro que contará con un abultado presupuesto es Diego Lara en el Tribunal de Cuentas, para “controlar” los actos de gobierno de la provincia.

Así, mientras se recortan los ingresos de trabajadores y jubilados, aumentan los gastos de la política, con organismos que renuevan su planta automotriz aunque está todo parado, como el ministerio de Bahillo que compró dos 4×4, el Senado de Stratta que compró un auto cero kilómetro, al igual que la UADER, y el CGE que adquirió una camioneta 4×2.

El Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda también fue centro de designaciones y de compras de vehículos durante la pandemia, conducido por el ex intendente y legislador Marcelo Bisogni.

Lejos de reducirse el gasto político con la pandemia, en Entre Ríos aumentó considerablemente.

Hoy Bordet habla de previsibilidad, pero por otro lado la provincia continuará con la Ley de Emergencia el año que viene, sin ningún tipo de medida prevista para salir de ella y para seguir sosteniendo el despilfarro sin recortarle a trabajadores y jubilados ni aumentar los impuestos.

En Entre Ríos, los compromisos políticos son muchos, los nombramientos no se detienen ni siquiera con una crisis sin precedentes en curso, y en el horizonte se asoma el 2021, un año electoral.

Uno de los grandes objetivos de Bordet para el año próximo es el de evitar que se realicen las PASO, impedir la democracia partidaria, porque sabe que su gestión está muy complicada y que cualquier lista que apareciera para competirle a la oficial pone en peligro sus intereses electorales.

Es que los entrerrianos están totalmente descreídos de esta gestión, que aumenta los impuestos y recrudece los recortes a la par que crece el gasto político.

Una posible interna desnudaría la grave crisis política que atraviesa esta administración y dejaría en evidencia la opinión de los entrerrianos sobre Bordet y su gobierno, por lo que las PASO hoy por hoy son un enemigo.

En tanto, y mientras se pueda, el gasto político sigue creciendo sin ningún tipo de freno ni escrúpulo.

Los entrerrianos son cada vez más pobres, el sistema de salud que afronta una pandemia es cada vez más precario, las escuelas están cada vez más destruidas, los impuestos suben cada vez más y los trabajadores y jubilados tienen cada vez menos, pero el despilfarro no se detiene.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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